TAPA DEL DÍA: La jueza defendió la libertad de prensa en un juicio por drogas en Pergamino Una tensa situación se vivió el miércoles por la mañana en los Tribunales de Pergamino, durante un juicio oral y público contra un imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La polémica se generó cuando el defensor oficial del acusado, Estanislao Carricart, solicitó a la jueza Marcela Santoro que desalojara de la sala al cronista de La Opinión, quien se encontraba cubriendo la audiencia y registrando imágenes del debate. Carricart manifestó su disconformidad con la presencia del periodista y cuestionó que tomara fotografías, argumentando que ello podría afectar su estrategia defensiva. La jueza Santoro interrumpió la declaración de un testigo para atender el pedido del abogado, pero fue contundente: recordó que los juicios orales son públicos por disposición legal y que cualquier restricción a la cobertura debía fundarse en causales excepcionales. “El principio de publicidad de los actos judiciales está garantizado por ley. Si usted cree que la difusión de la audiencia afecta su estrategia, debe explicarlo debidamente”, expresó la magistrada. Ante la falta de argumentos sólidos por parte del defensor, la jueza permitió que la cobertura continuara. Sí pidió que el periodista tomara cierta distancia para no interferir en el desarrollo del juicio, pero dejó en claro su compromiso con la libertad de expresión y el rol fundamental de la prensa. Este episodio reveló una tensión persistente dentro del sistema judicial, donde algunos actores aún creen que pueden limitar el control democrático que ejercen los medios sobre el funcionamiento de la Justicia. La actitud de la jueza Santoro se destaca no solo por su apego a la ley, sino por reafirmar que la transparencia y la información pública son pilares esenciales del sistema democrático. TAPA DEL DÍA: en tiempos donde se debate el rol de los medios y la libertad de expresión, casos como este refuerzan la necesidad de sostener y proteger el derecho a informar. Intentos de censura no deben tener lugar en audiencias públicas.