El equilibrio de poder entre la Nación y las provincias atraviesa un momento crítico. Los gobernadores de distintos colores políticos iniciaron una avanzada legislativa que podría modificar sustancialmente el reparto de recursos y acotar la discrecionalidad de la Casa Rosada. La tensión escaló luego de que se revelaran los borradores de al menos dos proyectos de ley que, de prosperar, el presidente Javier Milei no podrá vetar sin enfrentar un rechazo parlamentario con mayoría garantizada. El primero apunta a modificar el esquema de distribución del impuesto a los combustibles y los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), buscando limitar el control del Ejecutivo sobre esos fondos. Fue consensuado en el Consejo Federal de Inversiones y actualmente es redactado por el bloque de Unión por la Patria a pedido de los mandatarios provinciales. La segunda iniciativa avanza sobre un reclamo histórico del norte argentino: una tarifa eléctrica diferencial para los meses de verano, similar a lo que ocurre con la “zona fría” en invierno. El proyecto contempla descuentos en la factura para aliviar el impacto de las temperaturas extremas entre diciembre y marzo, y sería financiado mediante un cargo adicional en otras regiones del país. Los impulsores de esta medida representan a Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, además de departamentos del norte de Córdoba y Santa Fe. “Nosotros producimos la energía y nos la venden más cara. Es insostenible”, planteó uno de los gobernadores durante la reunión técnica. Ambos proyectos generaron incomodidad en Balcarce 50. No solo porque implican una reasignación de recursos que tensiona el superávit fiscal, sino porque el oficialismo podría quedar sin margen de maniobra legislativa. En caso de veto presidencial, los bloques provinciales y aliados podrían revertir la decisión en ambas cámaras. “Las provincias estamos ahogadas. No se cumplen las promesas y las rutas nacionales están abandonadas. No pueden hablar de superávit cuando están reteniendo impuestos que nos corresponden”, expresó un gobernador al salir del encuentro del CFI, donde se definió el texto del proyecto vial. La estrategia también responde a la necesidad de anticiparse al año electoral. Los mandatarios quieren votar antes de que el Congreso quede paralizado por la interna preelectoral. Mientras tanto, el Ejecutivo busca dilatar los tiempos con maniobras en comisiones, especialmente la de Presupuesto, que controla en ambas cámaras. El Congreso ya tiene otras leyes que esperan definiciones y que podrían poner más presión al oficialismo: el aumento del 7,2% a las jubilaciones, la emergencia en discapacidad y la reapertura de la moratoria previsional. Milei ya anticipó su veto, pero los votos podrían no alcanzarle para frenar lo inevitable. Testimonios que revelan un clima de unidad inusual entre los mandatarios. Un grupo que, aunque ideológicamente disperso, encuentra un punto común: el rechazo a lo que califican como “ahogo fiscal deliberado”. La puja por los recursos recién comienza, pero el tablero institucional ya muestra una realidad incontrastable: los gobernadores salieron a la cancha con poder, votos y proyectos que le marcan la cancha al Presidente. Redacción del Diario Tapa Del Día | www.tapadeldia.com