El Gobierno de Javier Milei enfrenta una semana crítica en el Congreso. Diputados y senadores comenzarán a tratar una serie de iniciativas impulsadas por la oposición que tensan al máximo la estrategia del oficialismo y podrían forzar al Presidente a ejercer su poder de veto, con consecuencias políticas en medio de la campaña electoral. Los principales proyectos en discusión buscan garantizar el financiamiento de las universidades públicas y del Hospital Garrahan, junto con mejoras en las jubilaciones mínimas, el sistema de pensiones por discapacidad y una nueva propuesta de coparticipación. Todas estas medidas fueron cuestionadas por el Ejecutivo, que argumenta que pondrían en riesgo el equilibrio fiscal y el objetivo de déficit cero. En la Cámara de Diputados, este martes se reunirán las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Salud, Familia y Educación para tratar dos iniciativas de alto impacto: la emergencia en pediatría, con eje en la situación del Garrahan, y la garantía de fondos para las casas de estudios superiores. Pese a las diferencias partidarias, la oposición ha mostrado cohesión para avanzar con estas normas, y se prevé una mayoría sólida que supere ampliamente los 129 votos necesarios. El proyecto de emergencia pediátrica contempla la recomposición salarial de trabajadores del Garrahan y fue presentado por diputados de Unión por la Patria. En paralelo, los proyectos universitarios llevan las firmas de referentes como Maximiliano Ferraro, Danya Tavela y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional. Todos coinciden en que el financiamiento es sostenible y no compromete el déficit cero, según análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso. En el Senado, también se espera una agenda intensa. Con el impulso de Unión por la Patria, acompañados por legisladores radicales y del PRO, se dictaminaron iniciativas para declarar la emergencia en discapacidad y aplicar un aumento del 7,2% a las jubilaciones mínimas. Estas propuestas ya cuentan con media sanción y podrían convertirse en ley esta misma semana. El Presidente Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticiparon públicamente que recurrirán al veto si los proyectos son aprobados. Una decisión que ya se aplicó meses atrás con el financiamiento universitario y que fue respaldada por una minoría parlamentaria que impidió su rechazo. Sin embargo, esta vez el contexto electoral podría amplificar el costo político de un nuevo veto. Otro foco de conflicto se da en torno a la coparticipación federal. Gobernadores de distintos signos políticos, incluyendo a referentes de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto que apunta a eliminar fideicomisos discrecionales y establecer criterios automáticos de distribución de fondos. “Se trata de terminar con estructuras opacas y fortalecer a las provincias”, argumentó el senador radical Eduardo Vischi. Desde la oposición aseguran que las propuestas responden a demandas concretas de la sociedad, como la educación pública, la salud infantil, la previsión social y la equidad fiscal entre Nación y provincias. Y remarcan que el enfoque no es confrontativo, sino institucional: “Queremos construir un país más justo, con reglas claras y sin discrecionalidades”, concluyó Vischi. Diario TAPA DEL DÍA | www.tapadeldia.com Opinión pública  Mientras Milei sostiene su plan económico con disciplina fiscal, crece en la sociedad la demanda por servicios esenciales sostenidos desde el Estado. La presión por vetar lo enfrenta a una disyuntiva clave: preservar su narrativa de austeridad o atender reclamos que gozan de consenso social transversal. El resultado de este tironeo puede impactar no solo en la campaña electoral, sino en la gobernabilidad futura.