El 7 de julio de 2022, Antonio Miranda, un albañil oriundo de Formosa que trabajaba en Santa Cruz, ingresó al Casino de Río Gallegos en busca de un rato de esparcimiento. Nunca imaginó que su vida cambiaría en cuestión de segundos. Apostó $6.000 en su máquina de siempre y el destino pareció jugarle a favor: ganó el premio máximo, nada menos que $100 millones. Las luces, los sonidos y los aplausos confirmaban el milagro. Incluso un empleado del casino lo felicitó y le dijo que pronto cobraría. Pero en minutos, la escena dio un giro abrupto. La jefa de sala se acercó y, sin rodeos, anuló la celebración: “La máquina está defectuosa”, afirmó. La casa de juegos se negó a pagar argumentando un desperfecto técnico. En lugar del premio, le devolvieron apenas $6.500. Apagaron la máquina y el tema se cerró de forma tajante. Uno de los apostadores que presenció todo le sugirió a Antonio que sacara una foto del premio. Ese gesto, simple pero crucial, sería la base de una batalla judicial que comenzaría un año después. En septiembre de 2023, representado por el abogado Gustavo Insaurralde, el albañil presentó una demanda exigiendo el pago total del premio. Argumentó que el error no era responsabilidad del jugador y que había actuado bajo las normas de la Lotería de Santa Cruz. El casino nunca explicó técnicamente por qué el premio era inválido. Sólo insistió en que era “imposible” que una tragamonedas otorgara esa cifra. La defensa de Antonio pidió acceso a las cámaras, una pericia técnica y la identificación del personal que lo atendió. En el proceso se descubrió que las imágenes habían sido borradas y que la cámara que apuntaba a esa máquina había sido retirada. Mientras tanto, la vida de Antonio se deterioró. Sufrió un accidente laboral, perdió el empleo, debió mudarse para cuidar a su madre enferma y sobrevivía con changas. La Justicia avanzaba lento y el desgaste era cada vez mayor. Poco antes de una audiencia clave, el casino cambió de postura. Llamó al abogado y ofreció una cifra mayor a los $200.000 iniciales, aunque muy lejos de los $100 millones originales. El acuerdo fue aceptado bajo estricta confidencialidad y homologado en julio de 2024. El monto, que se pagó en cuotas, no fue revelado. Incluso Antonio tiene prohibido hablar del tema públicamente. “Sabíamos que podíamos ganar, pero el juicio podía tardar 7 u 8 años”, explicó Insaurralde. “El acuerdo le sirvió porque necesitaba resolver su situación económica y personal. No se hizo millonario, pero quedó conforme”, aseguró. En su descargo judicial, el casino señaló que el hombre intentó “adjudicarse una suma exorbitante de manera ilegítima”. No obstante, nunca desmintió el momento exacto del hecho ni negó la existencia del supuesto error técnico. Hoy, Antonio vive en un terreno propio en Piedra Buena. Tiene 57 años, sigue trabajando como albañil y arrastra las secuelas de un proceso largo, duro y frustrante. La ilusión del premio quedó enterrada en cláusulas legales. Y la verdad sobre si realmente hubo una falla, nunca se sabrá. www.tapadeldia.com