El Gobierno nacional decidió endurecer su postura fiscal con un mensaje directo al corazón de los mercados financieros. Desde el tradicional recinto de la Bolsa de Comercio, el presidente Javier Milei anunció el veto a la ley que otorga un aumento real a las jubilaciones y pensiones, sancionada por el Senado con el respaldo de varios gobernadores. La medida representa un nuevo gesto de disciplina fiscal y apunta a contener el gasto público en un contexto de alta sensibilidad económica. “Están desesperados porque saben que en octubre la libertad arrasa”, lanzó el Presidente en un discurso cargado de tensión política, dirigido a legisladores y mandatarios provinciales. La frase marcó el tono confrontativo que eligió el oficialismo para defender su ancla económica: el superávit fiscal. La ley vetada establece una mejora del 7,2% para todos los haberes previsionales, excluyendo regímenes especiales, y eleva el bono mensual de $70.000 a $110.000 con actualizaciones por inflación. Además, contempla la reinstauración por dos años de la moratoria previsional, lo que permitiría el acceso a la jubilación a quienes no hayan cumplido con los 30 años de aportes requeridos. Desde el oficialismo argumentan que estas decisiones legislativas no responden a un compromiso genuino con los adultos mayores, sino que buscan forzar una expansión del gasto incompatible con el equilibrio de las cuentas públicas. “No hay espacio para desbordes si queremos sostener la estabilidad”, repiten cerca del ministro de Economía, Luis Caputo. Un informe de la consultora Empiria, que dirige el ex ministro Hernán Lacunza, advierte que el impacto fiscal de estas iniciativas podría alcanzar el 2,5% del PBI en 2026. Solo en lo que resta del año, el gasto adicional implicaría 0,9% del producto. El deterioro sería progresivo: para el próximo año, solo el nuevo esquema previsional ya consumiría 1,3% del PBI. El escenario preocupa a los inversores. Sin el veto presidencial, los bonos soberanos podrían haber sufrido una fuerte baja, con un consecuente aumento del riesgo país. Además, la presión cambiaria podría intensificarse. Es por eso que la decisión de Milei fue leída como un mensaje directo al mercado: no habrá concesiones con el gasto ni antes ni después de las elecciones. Para el Gobierno, mantener el superávit primario del 1,6% comprometido para este año es una condición sine qua non para estabilizar la economía. Bajo esta lógica, cualquier intento por alterar ese rumbo será combatido con todas las herramientas institucionales disponibles. Sin embargo, del otro lado del Congreso y en las provincias se alzan voces críticas. Senadores y gobernadores sostienen que existen márgenes para reorientar recursos del presupuesto sin tocar el equilibrio fiscal. Señalan, por ejemplo, gastos en inteligencia o áreas subejecutadas, pero denuncian que el ajuste se concentra en los sectores más vulnerables. La puja por el control del gasto se proyecta hacia diciembre, cuando el Gobierno buscará encarar una profunda reforma tributaria. Allí, presionará a las provincias para bajar impuestos y recortar estructuras, en línea con su visión de un Estado más austero. La pulseada recién comienza, pero el mensaje fue claro: el superávit no se negocia. En esa batalla, el oficialismo apuesta a que el respaldo del mercado actúe como contrapeso ante las presiones políticas internas. TAPA DE DÍA