El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández por hechos de corrupción vinculados a la contratación de seguros por parte de diversos organismos estatales. La investigación reveló un esquema de pagos millonarios de comisiones a intermediarios privados, configurando un delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por el que Fernández fue embargado por más de 14.600 millones de pesos. La causa, que se inició tras una investigación periodística y fue instruida desde un principio por el juez Julián Ercolini, también alcanzó a Héctor Martínez Sosa, broker cercano al ex mandatario, y a su esposa María Cantero, quienes fueron procesados por participar activamente en la maniobra ilícita. Además, se suman procesamientos para ex directivos y funcionarios de Nación Seguros. Una trama de corrupción estructurada Según detalla la extensa resolución judicial de 400 páginas, durante la gestión de Alberto Pagliano al frente de Nación Seguros se pagaron comisiones por más de 3.300 millones de pesos a intermediarios vinculados a Fernández y sus colaboradores. La justicia identificó tres grupos principales de brokers que concentraron el 68,3% de las comisiones totales, encabezados por Martínez Sosa, con un aumento exponencial de sus ingresos tras la llegada de Fernández al poder. La investigación revela que se utilizaron contratos y decretos cuestionados para direccionar las contrataciones, beneficiando a empresas vinculadas a los intermediarios y generando un flujo de dinero público hacia privados mediante una compleja red que incluyó incluso una cooperativa con función financiera. Vínculos y responsabilidades El juez Casanello enfatizó en el fallo la estrecha relación entre Fernández y Martínez Sosa, que excedió la simple amistad, e involucró intercambios frecuentes y gestiones para favorecer intereses particulares dentro del Estado. Además, reprochó la intervención directa y el aval del ex presidente para permitir que la estructura criminal funcionara sin trabas, vulnerando principios básicos de transparencia y ética pública. María Cantero, esposa del broker, fue señalada como pieza clave, al gestionar contratos y utilizar su acceso privilegiado a la Presidencia para favorecer a su núcleo familiar. El juez destacó la “confusión de intereses” y la utilización del poder público para “conseguir ventajas particulares”. Impacto y alcance En total, unas 40 personas fueron imputadas y procesadas en la causa, que representa uno de los casos de corrupción más relevantes durante el último gobierno. El embargo millonario y las acusaciones afectan no solo al ex presidente sino a un entramado que comprometió a funcionarios y empresarios en un esquema sistemático de desvío de fondos públicos. El fallo expone un grave daño institucional y abre un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios en la administración pública, generando un debate intenso en la opinión pública y en los sectores políticos. TAPA DEL DÍA - Redacción del Diario TAPA DEL DÍA Opinión pública La resolución judicial ha generado un fuerte impacto en la sociedad argentina, que reclama transparencia y justicia ante la reiteración de casos de corrupción en el Estado. Expertos en ética pública consideran que este fallo reafirma la necesidad de controles rigurosos y sanciones ejemplares para quienes utilizan el poder para enriquecerse ilegalmente, a la vez que profundiza la crisis de confianza en las instituciones.