El Gobierno nacional avanzó este viernes con la disponibilidad de más de 300 empleados de organismos estatales, incluyendo el INTA, el INASE y el INV, pese al reciente rechazo del Senado a los decretos que proponían la reforma y disolución de estas entidades. La medida fue oficializada mediante la resolución 1240, publicada en el Boletín Oficial y acompañada de tres anexos, y afecta específicamente a personal de planta permanente “con estabilidad adquirida”. Desde el Ejecutivo justificaron los despidos como parte de la transformación del INTA, la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la reorganización del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), alcanzando un total de 343 trabajadores desafectados. La resolución establece además: “Limítase toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones oportunamente dispuesta con relación al personal del ex INASE, del INV, e INTA, desde el dictado de la presente medida”, consolidando la entrada en vigencia de la normativa desde este viernes 22 de agosto. El rechazo del Senado se produjo con una amplia mayoría frente a cinco decretos (462, 345, 351, 340 y 461) emitidos por el presidente Javier Milei bajo facultades delegadas, que buscaban reformar estructuras estratégicas de organismos clave. Entre los decretos, el 462/2025 convirtió al INV y al INTI en unidades dependientes de la Secretaría de Agricultura y de Industria y Comercio, respectivamente, mientras que el INTA dejó de ser un organismo descentralizado y pasó a depender directamente del Ministerio de Agricultura como ente “desconcentrado”. Desde el Gobierno sostuvieron que “el INTA, una de las entidades más emblemáticas del país, se desvió durante los últimos años de su propósito original, siendo utilizado como herramienta de militancia política y con un enfoque guiado por los lineamientos de la Agenda 2030 y alejado de las necesidades reales del progreso del sector agroindustrial”. Esta decisión genera un fuerte impacto en el sector público y el agroindustrial, mientras el debate sobre la autonomía de los organismos estatales y la política laboral del Ejecutivo se mantiene abierto.  Opinión pública: analistas y representantes gremiales destacan que la medida podría tener repercusiones inmediatas en la producción y en la estabilidad de las instituciones afectadas, mientras que desde el Gobierno aseguran que se trata de un paso necesario para modernizar y centralizar la gestión estatal. TAPA DEL DÍA - www.tapadeldia.com