TAPA DEL DÍA La filtración de breves audios con la presunta voz de Karina Milei activó una rápida reacción en la Casa Rosada. Según fuentes oficiales, aún sin conocer la totalidad del material, el Gobierno estudia la posibilidad de presentar una denuncia penal ante la Justicia por presunto espionaje ilegal, en lo que ya califican como una gran operación opositora que incluiría también los audios de Diego Spagnuolo. Desde la cúpula oficial se considera que ambos episodios forman parte de una maniobra que busca afectar al Poder Ejecutivo en plena etapa electoral. Funcionarios y colaboradores de primera línea mantuvieron reuniones en Balcarce 50, coordinando la estrategia y evaluando las implicancias legales de la difusión de las grabaciones. Según reconstruyó La Nacion, los audios habrían sido obtenidos de manera clandestina durante una reunión de principios de 2024 en la que la secretaria General de la Presidencia dialogaba con su equipo sobre temas internos de la administración. La filtración, pese a su corta duración, generó alarma dentro de la Casa Rosada y obligó a unificar criterios entre distintos sectores oficiales. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó de raíz la posibilidad de un “fuego amigo” y aseguró que si los audios fueron grabados dentro de la Casa de Gobierno se trataría de un hecho sin precedentes. Además, confirmó que se evalúan medidas adicionales de seguridad y protocolos para proteger a la secretaria General de la Presidencia. La hipótesis oficial apunta a que la maniobra comenzó con los audios de Spagnuolo, replicados por medios digitales, y que la filtración de Karina Milei se encuadra en la misma estrategia de desestabilización. En las últimas horas se baraja la posibilidad de presentar una denuncia penal que agrupe ambos casos como un intento de espionaje político que vulnera la seguridad institucional. En paralelo, fuentes cercanas a Karina Milei señalaron que podrían implementarse medidas preventivas adicionales, supervisadas por Casa Militar y áreas de inteligencia, ante la circulación de material sensible que compromete la confidencialidad de la administración presidencial. Opinión pública: La difusión de estos audios y la posible presentación judicial generan un debate sobre los límites del espionaje político y la protección de funcionarios en ejercicio, y podrían marcar un precedente sobre cómo se gestionan filtraciones que afectan la seguridad institucional en épocas electorales. TAPA DEL DÍA