TAPA DEL DÍA En el Tribunal Oral en lo Criminal del Departamento Judicial Pergamino comenzó esta semana el juicio oral y público contra un hombre de 40 años y sus padres, de 65 y 64, imputados por el delito de abuso sexual simple agravado por la calidad de guardador, a partir de la denuncia formulada por una psicóloga tras escuchar el testimonio de una niña en el marco de un tratamiento terapéutico. El debate se desarrolla bajo la presidencia del juez unipersonal Guillermo Burrone, modalidad dispuesta en función de la calificación legal que prevé una escala penal menor en comparación con otras figuras más gravosas. La acusación es sostenida por el fiscal Nelson Mastorchio y la abogada querellante Laura Abal, quienes representan los intereses de la menor. La defensa técnica de los tres imputados está a cargo del abogado penalista juninense Darío De Ciervo. Una causa que volvió a activarse El proceso que hoy llega a juicio tuvo un recorrido judicial previo. En una instancia anterior, una denuncia radicada por la madre de la niña fue archivada por decisión judicial. Sin embargo, un nuevo informe elaborado por una profesional particular, tras escuchar manifestaciones de la menor en un contexto terapéutico, dio origen a un expediente distinto que avanzó hasta esta instancia oral. La clave del caso se centra en la valoración de los dichos de la menor, el análisis técnico de los profesionales intervinientes y la interpretación judicial de los elementos reunidos durante la instrucción. Testimonios extensos y pericia técnica Durante la primera jornada declararon tres testigos considerados relevantes para la estructura del proceso. En primer lugar lo hizo la madre de la adolescente —hoy de 13 años—, cuyo testimonio se extendió por más de una hora y se centró en el contexto familiar y en las circunstancias que rodearon la denuncia. Posteriormente declaró la perito psicóloga oficial del Servicio Técnico Auxiliar, quien intervino en la evaluación del caso. Su exposición, de carácter técnico, se prolongó durante casi una hora y media. En la audiencia se reprodujo el registro de la entrevista realizada bajo la modalidad de Cámara Gesell, material que luego fue objeto de preguntas por parte de la Fiscalía, la querella y la defensa. Las partes indagaron sobre los indicadores observados, la metodología aplicada y las conclusiones alcanzadas en su momento. La especialista respondió con explicaciones detalladas acerca del abordaje profesional y los criterios utilizados para analizar el relato de la niña. Finalmente, declaró la abuela materna, quien aportó información vinculada a la dinámica familiar antes y después de la radicación de la denuncia. La audiencia concluyó cerca de las 14:00. Lo que viene: más psicólogas y familiares Para las próximas jornadas están previstos nuevos testimonios. La Fiscalía convocará a tres psicólogas que intervinieron en distintas etapas del proceso, incluida la profesional que realizó la denuncia inicial y otra especialista que participó en la entrevista en Cámara Gesell y continúa asistiendo a la menor. Por su parte, la defensa presentará familiares de los imputados con el objetivo de aportar su versión de los hechos y contextualizar la situación. Se estima que las audiencias podrían extenderse durante toda la semana debido a la cantidad de testigos y al tiempo requerido para la exposición y el análisis de informes técnicos. Una vez finalizada la etapa probatoria, las partes formularán sus alegatos antes de que el juez Burrone dicte veredicto. Un proceso que pone el foco en la prueba especializada El juicio no sólo reviste gravedad por las imputaciones, sino también por el peso determinante que adquiere la prueba técnica en este tipo de causas. La interpretación de entrevistas en Cámara Gesell, los informes psicológicos y la coherencia metodológica de las evaluaciones suelen convertirse en el eje sobre el cual se construyen las decisiones judiciales. En un escenario donde confluyen testimonios familiares y dictámenes profesionales, el tribunal deberá ponderar cada elemento bajo el principio de sana crítica racional, garantizando tanto la protección de la presunta víctima como el derecho de defensa de los acusados. La resolución que surja de este debate no sólo impactará en las partes involucradas, sino que volverá a instalar en la agenda pública el debate sobre la importancia de los protocolos técnicos y la responsabilidad institucional frente a denuncias surgidas en ámbitos terapéuticos. TAPA DEL DÍA
