Diario TAPA DEL DÍA – El Gobierno argentino redobló su ofensiva judicial en el caso por la expropiación de YPF al solicitar, una vez más, la suspensión del fallo de la jueza Loretta Preska que ordena la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal como parte de pago de una sentencia por más de US$17.750 millones. La presentación fue realizada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y forma parte de una estrategia procesal que busca frenar la ejecución de una condena considerada sin precedentes. En el nuevo escrito, los abogados que representan al país respondieron a los planteos de los beneficiarios del juicio, quienes habían rechazado la suspensión solicitada por Argentina. La defensa oficial advirtió que cumplir el fallo en estas condiciones obligaría a violar la Ley N° 26.741, lo que implicaría una pérdida irreversible del control estatal sobre YPF. Los letrados explicaron que no se trata de una disputa comercial común, sino de un caso excepcional que involucra un fallo aún apelado por una suma extraordinaria. Subrayaron además que la entrega inmediata de las acciones podría afectar a terceros ajenos al litigio, como provincias argentinas y tenedores de bonos soberanos. “Se activan cláusulas contractuales adversas y se altera el statu quo de una empresa clave para el interés público”, argumentaron. El Gobierno recordó que la legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa, por lo que considera que la suspensión del fallo no causaría un perjuicio tangible a los demandantes. En paralelo, sostiene que la medida abriría la posibilidad de un litigio ordenado y más justo, sin descartar otras vías legales para resolver el conflicto. En relación al caso “Bainbridge”, central en la disputa, Argentina enfatizó que no existe jurisprudencia que respalde una decisión como la que tomó Preska. Por eso, considera viable que la Cámara de Apelaciones de Nueva York —que aún debe pronunciarse sobre el recurso presentado por el país en enero— revise y eventualmente modifique el criterio adoptado por la jueza de primera instancia. El origen del conflicto se remonta al 15 de septiembre de 2023, cuando Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012. El reclamo fue impulsado por fondos que adquirieron derechos litigiosos de accionistas minoritarios de la petrolera, quienes denuncian que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner incumplió el estatuto societario al nacionalizar la participación de Repsol sin extender una oferta similar al resto. El monto total hoy asciende a US$17.750 millones con intereses. Ante la falta de acuerdo o pago por parte de la Argentina, los demandantes redoblaron la presión judicial e impulsaron la ejecución de la sentencia mediante la transferencia de acciones de YPF que están en manos del Estado. La nueva presentación judicial deja en claro que la estrategia oficial pasa por sostener el litigio hasta que la Cámara se pronuncie, defendiendo la soberanía normativa y el control sobre uno de los activos energéticos más importantes del país.  Diario TAPA DEL DÍA. El caso YPF excede lo jurídico y se convierte en una cuestión de soberanía energética. Lo que está en juego no es solo un litigio millonario, sino la capacidad del Estado argentino de sostener el control sobre recursos estratégicos. La sentencia de Preska plantea un precedente delicado para futuras disputas internacionales que involucren decisiones políticas locales con impacto en intereses financieros globales.