TAPA DEL DÍA  Unos 40 de los empresarios más importantes del país participarán este viernes en una audiencia virtual para formalizar una oferta de aproximadamente ocho millones de dólares, con el objetivo de quedar fuera de la causa conocida como los “cuadernos de las coimas”. En este caso, algunos de ellos ya reconocieron pagos a funcionarios del kirchnerismo para mantener o cobrar contratos con el Estado. Según fuentes judiciales, los acusados buscan “extinguir la acción penal” y evitar el juicio oral que comenzará el 6 de noviembre, mediante lo que se conoce como una “reparación integral” del daño causado. Los montos ofrecidos suman, en total, poco menos de ocho millones de dólares al tipo de cambio actual, equivalentes a $10.282.498.948 actualizados según la tasa activa del Banco Nación. Entre los ofrecimientos destacados se encuentran: Armando Roberto Loson (Grupo Albanesi) propuso $181.236.691,18, sin reconocer responsabilidad penal. Hugo Alberto Dragonetti (Panedile) ofreció $1.421.195.500 y se comprometió a participar en programas de formación en ética empresarial y compliance, aclarando que los pagos se realizaron como aportes al Partido Justicialista bajo presión de un intermediario. Benjamín Gabriel Romero (EMEPA) puso a disposición $510.298.166 tras admitir pagos por coimas para renovar concesiones del Estado. En la audiencia participarán la Unidad de Información Financiera (UIF), que se opondrá a esta solución, y la fiscal federal Fabiana León, cuya postura aún no se ha hecho pública. Los abogados defensores sostienen que el artículo 59, inciso 6º del Código Penal permite extinguir la acción penal mediante reparación integral sin necesidad de acuerdo de la fiscalía, mientras que la acusación considera indispensable su consentimiento. El mecanismo que plantean los empresarios se basa en la justicia restaurativa, donde el pago de una suma equivalente al daño puede extinguir la acción penal, aunque no implique admitir responsabilidad. La controversia se centra en si la reparación integral puede concretarse sin el acuerdo del Ministerio Público Fiscal y la víctima, en este caso el Estado. Un antecedente reciente es el del ex titular del PAMI, Luciano Di Cesare, quien evitó el juicio pagando una suma compensatoria al organismo, aunque la fiscalía se opuso y la Cámara de Casación le dio la razón a la conciliación. Tras la audiencia de este viernes se conocerán los montos totales ofrecidos por todos los empresarios, la posición definitiva de la fiscalía y la decisión del tribunal respecto a si la acción penal podrá ser extinguida mediante esta propuesta. La medida genera debate: mientras algunos sectores consideran que la reparación integral puede acelerar la justicia y recuperar fondos para el Estado, otros advierten que aceptar ofertas de este tipo sin admitir culpabilidad podría sentar un precedente polémico en la lucha contra la corrupción. TAPA DEL DÍA 
