La concejal Gabriela Taruselli impulsó un proyecto que busca que los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se utilicen de manera inmediata para reparar rutas nacionales y provinciales críticas de la región. La iniciativa recibió respaldo unánime del Concejo Deliberante de Pergamino, consolidando un frente común ante el deterioro creciente de los corredores viales. Durante la última sesión, Taruselli destacó que mientras se esperan los pliegos de licitación de la segunda etapa de la llamada Ruta del Mercosur, las rutas Nº 8 y Nº 188 presentan un estado de conservación preocupante. “El deterioro es cada vez mayor. En algunos tramos se mantienen carteles de obras anunciadas para 2023 y en otros se advierte directamente ‘zona de baches’. Esa es la realidad que enfrentan nuestros vecinos todos los días”, sostuvo la edil. El proyecto propone que los municipios que comparten los mismos corredores viales puedan acceder directamente a los fondos ya existentes para ejecutar obras prioritarias sin esperar a los plazos de las licitaciones nacionales. “Si pudiéramos planificar y ejecutar estas reparaciones con los recursos que aportamos cada vez que cargamos combustible, garantizaríamos seguridad y transitabilidad inmediata. No necesitamos nuevos impuestos, sino eficiencia y decisión política”, señaló Taruselli. La concejal también puso el foco en tramos fuera del esquema oficial de concesiones, como la Curva de Gerde, la Curva del Cacique, el Segundo Cruce, la ruta provincial Nº 32 y la Nº 188. “Son puntos críticos donde se acumulan accidentes y requieren intervención urgente”, advirtió. Con esta medida, el Concejo Deliberante envió un mensaje claro al Gobierno nacional: la seguridad vial y la reparación de rutas no admiten postergaciones. Taruselli resaltó la importancia del acompañamiento de todos los bloques y afirmó que “hay temas donde no puede haber diferencias partidarias, y la infraestructura vial es uno de ellos”. En su cierre, la concejal hizo un llamado a la responsabilidad del Estado: “No podemos resignarnos a que los anuncios de licitaciones tarden años mientras los vecinos arriesgan su vida. Los fondos existen; solo falta voluntad política para que vuelvan al asfalto, a la señalización y a la seguridad de nuestros corredores viales”. Este planteo genera expectativa en la opinión pública local, que percibe un compromiso real del Concejo Deliberante para priorizar la seguridad de los vecinos. La iniciativa de Taruselli abre un debate sobre la eficiencia en el uso de recursos ya recaudados y plantea un modelo de acción inmediata que podría replicarse en otras ciudades del país. TAPA DEL DÍA
