TAPA DEL DÍA. – Uruguay dio un paso histórico y se sumó este miércoles al exclusivo grupo de países que legalizaron la eutanasia. Con esta decisión, se convierte en el primer país del Cono Sur en reconocer este derecho, tras un extenso debate legislativo que atravesó cuestiones éticas, religiosas y médicas. El proyecto aprobado en el Senado uruguayo coloca al país entre las pocas naciones del mundo que permiten que un médico, bajo estrictas condiciones, pueda asistir a un paciente terminal a poner fin a su vida. Hasta ahora, solo nueve países habían legalizado la eutanasia: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda, España, Ecuador y Uruguay. En otros, como Suiza, se permite únicamente el suicidio asistido. La diferencia entre ambos procedimientos es clave. En la eutanasia, el médico es quien aplica o activa el mecanismo que provoca la muerte del paciente. En cambio, en el suicidio asistido, el profesional solo provee los fármacos, pero la acción final depende del propio paciente. En todos los casos, la práctica requiere consentimiento informado, diagnósticos comprobados y la intervención de más de un profesional. En diálogo con medios internacionales, el periodista neerlandés Peter Schouten –corresponsal en Buenos Aires– sostuvo que “el derecho a la eutanasia es la forma más pura de libertad que un ser humano puede poseer”, recordando que su propio padre eligió morir bajo esta modalidad en los Países Bajos en 2017. “Fue un momento muy difícil, pero también de profundo respeto por su decisión”, relató. Qué pasa en la Argentina En nuestro país, la eutanasia y el suicidio asistido continúan prohibidos. Sin embargo, desde 2012 está vigente la llamada ley de “muerte digna”, que permite a pacientes terminales o sus familiares rechazar tratamientos que prolonguen el sufrimiento. Es lo que en el ámbito médico se conoce como “eutanasia pasiva”. El médico intensivista Ariel Antik, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Durand, explicó que esta normativa “garantiza los derechos del paciente a negarse a procedimientos médicos, incluso la hidratación o la alimentación artificial, cuando solo prolongan en forma innecesaria el proceso de morir”. Antik detalló que el proceso comienza con una evaluación médica del pronóstico vital y continúa con el diálogo con la familia, que debe firmar el consentimiento. También la ley contempla que el propio paciente deje constancia por escrito de su decisión a través del consentimiento informado o directivas anticipadas. En esos casos, se aplican cuidados paliativos para evitar el sufrimiento. “No se trata de provocar la muerte, sino de permitir que el paciente siga su evolución natural”, aclaró el especialista, diferenciando así la eutanasia activa de la práctica actualmente permitida en la Argentina. Un debate que cruza fronteras La legalización en Uruguay podría revitalizar el debate en América Latina sobre el derecho a decidir el final de la vida en condiciones de dignidad. En países como Chile, Perú y México, los tribunales han reconocido casos individuales, mientras se mantienen vigentes las restricciones legales. En la región, la discusión sobre la eutanasia se entrelaza con el derecho a la autonomía personal y los límites del Estado en decisiones íntimas vinculadas a la salud y la muerte. Uruguay, al dar este paso, reaviva una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto un sistema de salud debe acompañar o intervenir en el sufrimiento final de sus ciudadanos? TAPA DEL DÍA