TAPA DEL DÍA Este viernes, la Defensoría de Pergamino presentó un amparo judicial contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en representación de ocho vecinos de la ciudad que vieron interrumpidos de manera abrupta sus pagos por discapacidad. La presentación fue firmada por Pablo Santamarina, Defensor Departamental, y Laura Vignaroli, titular de la Defensoría Civil 2. La demanda recayó por sorteo en el Juzgado de Garantías N°1, a cargo del juez César Solazzi. En el escrito, los defensores solicitaron que el magistrado ordene la restitución inmediata del beneficio dentro de las próximas 48 horas, calificando la suspensión de “arbitraria” y sin justificación. Esta medida se solicita de forma urgente, sin perjuicio de que luego se resuelva el fondo del asunto. La Defensoría tomó conocimiento de la situación a través del Área de Discapacidad de la Municipalidad. Con la colaboración de asistentes sociales, se constataron los efectos de la suspensión: personas con discapacidades severas, viviendo en condiciones de extrema vulnerabilidad, sin familiares que puedan asistirlas y con el beneficio como único sustento económico. Entre los casos presentados se incluyen situaciones de gravedad extrema: un hombre con cuadriplejia que depende totalmente de la pensión para su subsistencia y un padre con su hija que apenas pueden alimentarse una vez al día. Los abogados remarcaron que las personas afectadas no fueron notificadas previamente, violando su derecho de defensa. La acción judicial hace referencia a derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, destacando la obligación del Estado de asistir a personas con discapacidad. La Defensoría utilizó estos ocho casos como “testigos” para visibilizar la urgencia y solicitar la medida cautelar, aunque también pidieron la restitución de pagos para todo el colectivo afectado por la decisión de la ANDIS. Los defensores presentaron pruebas detalladas de cada caso, incluyendo informes de las asistentes sociales y pericias que certifican la gravedad de la situación. Según indicaron, pese a que la decisión proviene de un organismo nacional, un juez provincial puede ordenar medidas cautelares si considera que se violan derechos fundamentales y que la demora puede generar daños irreparables. La situación generó un fuerte impacto en la comunidad local, evidenciando la necesidad de mecanismos más efectivos para proteger a las personas con discapacidad frente a decisiones arbitrarias de organismos nacionales. TAPA DEL DÍA
