La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), junto a otros sectores del equipo de salud, llevan adelante un paro de 24 horas desde las 7 de la mañana en reclamo de la plena aplicación de la ley de emergencia pediátrica. Aunque el Gobierno promulgó en las últimas horas las leyes 27.795 y 27.796, que garantizan el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica respectivamente, su ejecución quedó condicionada a la disponibilidad de recursos y a la aprobación de partidas en el Presupuesto Nacional 2026, replicando la situación de la ley de discapacidad. Los decretos 759/2025 y 760/2025 publicados en el Boletín Oficial establecen la vigencia formal de ambas normas, pero el Ejecutivo aclaró que no podrán aplicarse hasta que se defina cómo se financiarán los gastos adicionales, generando malestar entre los trabajadores y familias afectadas. En este contexto, a las 16 horas, trabajadores del Garrahan, universitarios y representantes del área de discapacidad se concentrarán en Plaza de Mayo para exigir la implementación inmediata de las leyes mencionadas. Financiamiento universitario: recursos y salarios garantizados La Ley 27.795 busca asegurar la continuidad de la educación pública, con medidas que incluyen: Actualización automática de presupuestos universitarios según el IPC del INDEC. Recomposición salarial de docentes y no docentes, con carácter remunerativo y bonificable. Convocatoria obligatoria a paritaria nacional con actualización mensual no inferior a la inflación. Fortalecimiento de programas de becas estratégicas y apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la aplicación de estas medidas dependerá de la aprobación de partidas específicas por parte del Congreso. Emergencia pediátrica: atención garantizada, pero sin ejecución inmediata La Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias nacionales de salud por un año, con objetivos centrados en: Garantizar acceso equitativo y de calidad a servicios pediátricos de alta complejidad. Asegurar continuidad y condiciones laborales dignas para residentes y profesionales de la salud. Priorizar recursos para programas críticos como neonatología, trasplantes, oncología pediátrica y cirugía cardíaca infantil. Según el decreto 760/2025, su ejecución queda suspendida hasta que el Congreso asigne los fondos necesarios, lo que deja a hospitales y universidades públicas a la espera de la financiación prometida. Opinión pública: Analistas destacan que la demora en la aplicación de estas leyes genera incertidumbre en sectores esenciales del país, aumentando la presión sobre el Gobierno para garantizar recursos y evitar un conflicto social de mayor magnitud. TAPA DEL DÍA
