Este miércoles el Gobierno argentino enfrenta una jornada judicial determinante en Estados Unidos, donde comenzará a definirse si el país deberá pagar US$16.000 millones más intereses por la expropiación de YPF durante la gestión kirchnerista, fallo emitido por la jueza Loretta Preska hace dos años. La audiencia se desarrollará en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan, Nueva York, ante los magistrados José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson. En este encuentro, los abogados de la Argentina, de YPF y del fondo Burford Capital presentarán sus argumentos orales para revertir, o al menos reducir, la condena establecida en primera instancia en septiembre de 2023. El proceso de apelación, iniciado en octubre de 2023, corre en paralelo a otra apelación destinada a evitar la entrega de acciones de la petrolera como parte de pago de la sentencia. Esa instancia ya tuvo sus audiencias orales en octubre, y se aguarda la respuesta de los demandantes para mediados de noviembre, seguida de una presentación argentina en diciembre. Simultáneamente, la jueza Preska continúa supervisando los procesos de discovery, mediante los cuales los beneficiarios del fallo buscan activos argentinos para ejecutar el cobro de la sentencia. Esto incluye evaluar si YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central (BCRA) y el Banco Nación actúan como "alter ego" de la República. En este contexto, el Gobierno solicitó postergar hasta el 21 de noviembre el plazo impuesto por Preska para entregar comunicaciones de funcionarios actuales y pasados, entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa, originalmente fijado para este jueves 30 de octubre. Según explicaron especialistas como Sebastián Maril, la dinámica de la audiencia será la siguiente: primero expondrán los representantes argentinos, seguidos de los demandantes, cada parte con 30 minutos de presentación. Luego, los demandantes dispondrán de 10 minutos para objetar la exención de responsabilidad otorgada a YPF, con derecho a réplica de la petrolera. La estrategia argentina cuenta además con respaldos internacionales a través de escritos amicus curiae presentados por Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador. Estados Unidos, por su parte, se pronunció únicamente sobre la entrega de acciones de YPF, sin intervenir en la cuestión de fondo de la condena. El veredicto no tiene plazos establecidos, aunque se estima que podría conocerse durante los primeros meses de 2026, marcando un hito en la larga disputa judicial internacional por la expropiación de YPF. TAPA DEL DÍA 
