El Gobierno nacional reveló un informe que deja en evidencia el impacto económico de los llamados “peajes” sindicales sobre los trabajadores argentinos. Según el relevamiento realizado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, los principales gremios recaudan aportes obligatorios que suman casi $2 billones al año, lo que representa más de US$1.300 millones. El estudio, elaborado con la colaboración de la Secretaría de Trabajo, liderada por Julio Cordero, abarcó más de 50 convenios colectivos y sus acuerdos complementarios en seis actividades consideradas representativas: transporte, comercio, construcción, metalúrgicos, gastronomía y encargados de edificios. El informe revela que, en promedio, cada trabajador aporta $838.193 al año a sus respectivos sindicatos. Los aportes incluyen contribuciones “solidarias”, pagos a cámaras empresariales y a institutos gestionados por los propios gremios, destinados a capacitación, acción social, turismo y cultura. Entre los casos más destacados, el Sindicato de Camioneros recauda más de $206.000 millones anualmente, lo que equivale a $845.401 por trabajador. Los encargados de edificios aportan hasta $1,3 millones al año cada uno, mientras que los empleados del comercio, el gremio más grande del país con 1,2 millones de afiliados, pagan alrededor de $803.649 anuales. Otros sectores como la construcción, la metalurgia y la gastronomía registran cifras similares, con aportes obligatorios que superan el millón de pesos por empleado en algunos casos. El informe oficial también advierte sobre aportes “extraordinarios” y “de emergencia” que se renuevan año tras año, muchas veces sin consentimiento explícito de los trabajadores. “Esto genera una discusión de fondo sobre si es coercitivo y si afecta la libertad del trabajador a no asociarse”, señalaron desde el Ministerio. El Gobierno ya había intentado limitar estos pagos mediante el DNU 70/2023, que exigía un consentimiento explícito del empleado para efectuar cualquier contribución a asociaciones gremiales. Sin embargo, la medida fue frenada por la Justicia, manteniendo vigentes estos aportes compulsivos. El titular del Ministerio, Federico Sturzenegger, insistió en la necesidad de reformar el régimen laboral, señalando que los “altos impuestos al trabajo” y los peajes sindicales contribuyen a un sistema rígido y poco eficiente. También destacó que cambios en la negociación colectiva podrían reducir el desempleo hasta 16 puntos en regiones como el noroeste argentino. La exposición de estos números marca un paso significativo en el debate por la reforma laboral y abre la discusión sobre la transparencia y voluntariedad de los aportes sindicales en el país. TAPA DEL DÍA Por  Francisco Jueguen-LaNacion 
