TAPA DEL DÍA  El Concejo Deliberante de Pergamino aprobó por unanimidad un pedido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires para suspender el uso de teléfonos celulares por parte de internos del Servicio Penitenciario Bonaerense. La presidenta del cuerpo, Gabriela Taruselli, advirtió que la medida implementada durante la pandemia se transformó en una herramienta delictiva que afecta directamente la seguridad de los vecinos. La autorización para que los detenidos usen teléfonos móviles surgió como medida excepcional durante la cuarentena decretada por el DNU Nº 297/2020, con el objetivo de garantizar la comunicación familiar. Sin embargo, con el paso de los años, la práctica se mantuvo sin controles efectivos y hoy se vincula a delitos como extorsión, amenazas, estafas, tráfico de drogas y grooming. “La resolución imponía al Ministerio de Justicia la obligación de crear un protocolo que evitara el uso del celular con fines delictivos. A casi cinco años, esto no ocurrió y la medida sigue vigente sin garantías de control”, señaló Taruselli. Según recordó, desde noviembre de 2020 se restablecieron las visitas y las actividades normales dentro de los penales, eliminando la justificación sanitaria de la medida. Las investigaciones judiciales locales confirmaron que internos del Servicio Penitenciario participaron en delitos utilizando teléfonos celulares. En varios casos, las víctimas fueron vecinos de Pergamino, con llamados extorsivos y estafas provenientes de cárceles de San Nicolás y Junín. “Las Fiscalías de Pergamino trabajaron activamente en su esclarecimiento, logrando condenas firmes”, aseguró la presidenta del Concejo. El pedido incluye a la Unidad Penitenciaria N°3 de San Nicolás, la Unidad Penal N°13 de Junín y la Alcaidía Penitenciaria N°49 de Junín, solicitando información sobre la cantidad de celulares declarados y los protocolos de control vigentes. Taruselli cuestionó la falta de supervisión tecnológica, observando perfiles activos de internos en redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok. “La inseguridad que viven los bonaerenses tiene muchas causas, pero una de ellas es la falta de control dentro de las cárceles. El delito no puede tener señal desde la prisión. Si el Estado no pone límites claros, avala que los delincuentes sigan operando con total impunidad”, afirmó. Actualmente, en el Departamento Judicial Pergamino hay 500 personas privadas de la libertad, distribuidas entre prisión domiciliaria, dependencias policiales y unidades penitenciarias. Taruselli enfatizó que las cárceles deben ser espacios de reeducación y reinserción social, no oficinas del delito, y que el reclamo fue aprobado por todos los bloques sin motivaciones políticas. “Es tiempo de revisar un protocolo dictado en emergencia sanitaria que hoy se transformó en una amenaza para la seguridad pública. No se trata de un capricho: se trata de cuidar a nuestros vecinos”, concluyó la presidenta del Concejo Deliberante. TAPA DEL DÍA  
