TAPA DEL DÍA El Tribunal Oral Federal N°7 inicia hoy el juicio por los cuadernos de las coimas, considerado el mayor caso de corrupción en la historia de Argentina. La causa involucra a 87 imputados, entre ex funcionarios, choferes y empresarios de alto perfil, señalados por integrar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas en la obra pública durante el período 2003-2015. Entre los acusados políticos se destacan Cristina Fernández de Kirchner, imputada como jefa de la asociación ilícita y coautora de más de 200 cohechos pasivos; Julio De Vido, señalado como organizador de la asociación y coautor de 187 cohechos pasivos; Roberto Baratta, y otros ex funcionarios de peso como José López, Claudio Uberti y Rudy Ulloa. Del lado empresario, se encuentran figuras como Aldo Benito Roggio, Ángelo Calcaterra, Armando Loson y directivos de la multinacional Isolux, acusados de pagar coimas para garantizar contratos de obra pública. Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, está imputado por su rol organizador en la asociación ilícita, según el testimonio de Ernesto Clarens. El juicio contempla la presencia de 626 testigos propuestos, entre ellos Hilda Horovitz, la ex mujer del remisero Oscar Centeno, quien destapó el caso; Miriam Quiroga, ex empleada presidencial; y Jorge Bacigalupo, otro remisero clave en la entrega de los cuadernos al periodista Diego Cabot. Las audiencias iniciales, hasta el 4 de diciembre, serán transmitidas por el canal de YouTube de la Corte Suprema, debido a la imposibilidad de reunir a todos los imputados y abogados en una sola sala judicial. El proceso abarcará cuatro expedientes: el principal, número 9608/2018, y tres causas conexas relacionadas con delitos como la cartelización de la obra pública. Los acusados políticos enfrentan cargos por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de dádivas, mientras que los empresarios están imputados por cohecho activo. Algunos imputados, como José López, Claudio Uberti y los empresarios Calcaterra y Roggio, se encuentran bajo el régimen de arrepentidos previsto por la Ley 27340, lo que podría reducir sus condenas. Para los organizadores de la asociación ilícita, la pena mínima prevista es de cinco años, mientras que los delitos de cohecho activo pueden recibir entre uno y seis años de prisión. El juicio marcará un hito en la historia judicial argentina y su desarrollo será seguido de cerca por la sociedad, dada la magnitud de los involucrados y la profundidad de las pruebas presentadas. Opinión pública: La apertura de este juicio genera expectativas históricas en la opinión pública. La combinación de acusados políticos y empresarios de alto perfil y la existencia de arrepentidos podría determinar sentencias ejemplares, mientras se consolida la transparencia y el control sobre el manejo de fondos públicos en la Argentina. TAPA DEL DÍA - www.tapadeldia.com.
