TAPA DEL DÍA Un nuevo episodio de vandalismo y saqueo contra el patrimonio estatal fue denunciado en las últimas horas en el edificio ubicado en la intersección de avenida Colón y General Paz, un inmueble perteneciente a la administración pública nacional que actualmente se encuentra sin actividad ni presupuesto asignado para su mantenimiento. El hecho fue advertido alrededor de las 10 de la mañana, cuando un hombre de 35 años, empleado administrativo y vinculado a una entidad que funciona dentro del predio, se presentó en el lugar y constató severos daños y faltantes en el interior del edificio. Durante el recorrido por las instalaciones, el denunciante detectó el robo de varios artefactos sanitarios, entre ellos inodoros y bidets de la marca Ferrum, además de grifería FV. Según se desprende de la denuncia, los elementos fueron retirados de manera violenta, lo que provocó roturas y destrozos en distintas dependencias. De acuerdo al relevamiento inicial, los autores del hecho no solo se llevaron bienes de valor, sino que también causaron daños estructurales, lo que evidencia un ingreso indebido al inmueble y una maniobra planificada para sustraer equipamiento. En ese contexto, se indicó que una bomba de agua ubicada en el lugar no presentaba daños ni faltantes y no fue sustraída. El edificio tiene una extensa trayectoria institucional. Durante años funcionó allí la Junta Nacional de Granos y, posteriormente, una delegación descentralizada del Ministerio de Desarrollo de la Nación. En la actualidad, el inmueble se encuentra sin uso operativo, una condición que, según se desprende de la denuncia, lo deja expuesto al deterioro, al vandalismo y a hechos delictivos al no contar con vigilancia permanente ni con partidas presupuestarias destinadas a su conservación. Desde el ámbito policial se informó que, por el momento, no hay personas identificadas como sospechosas y que el edificio no cuenta con cobertura de seguro, un dato que agrava el impacto económico del daño ocasionado. La denuncia fue recepcionada por la autoridad competente y se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8, que dispuso las primeras actuaciones y puso en conocimiento al Grupo Técnico Operativo para avanzar con la investigación. El caso vuelve a poner en el centro del debate la situación de los edificios públicos abandonados o sin actividad, que en distintos puntos de la ciudad se convierten en blanco frecuente de robos y actos de vandalismo, generando pérdidas materiales significativas y un deterioro progresivo del patrimonio del Estado. Opinión pública: la reiteración de este tipo de hechos deja en evidencia que el abandono institucional no es solo una cuestión administrativa, sino una puerta abierta a la pérdida de bienes que pertenecen a toda la sociedad. Sin control, sin uso y sin mantenimiento, el patrimonio público termina pagando el costo de la desidia. TAPA DEL DÍA
