La Corte Suprema dejó firme la condena a Lázaro Báez por lavar U$S 55 millones en la Ruta del Dinero K En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena contra el empresario Lázaro Báez por el lavado de 54.870.000 dólares entre 2010 y 2013. Se trata del caso conocido como "Ruta del Dinero K", una causa emblemática que compromete al entorno más cercano del kirchnerismo. El máximo tribunal, con los votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González, declaró "inadmisibles" los planteos de la defensa, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia parcial. Según la sentencia que ahora quedó firme, Báez lideró una estructura compleja que operó a través de la firma Austral Construcciones —beneficiada con 51 licitaciones viales estatales bajo la gestión de Néstor y Cristina Kirchner— para blanquear fondos ilícitos. Estas maniobras involucraron sociedades pantalla, transacciones internacionales y la repatriación de fondos mediante bonos. El patrimonio de Báez se multiplicó de forma exponencial: entre 2004 y 2015 creció un 12.127%, mientras que Austral Construcciones aumentó su valor en un 45.313%. Durante el período investigado, el empresario santacruceño adquirió 1.412 propiedades por un valor estimado de 205 millones de dólares. El fallo también afectó a sus hijos: Martín Báez recibió una condena de seis años y medio; Leandro Báez, tres años. En cambio, las hijas Luciana y Melina fueron absueltas. Además, se ordenó el decomiso de activos por 65 millones de dólares y la confiscación de Austral Construcciones y Top Air por un total equivalente a 330 millones de dólares. La Corte también rechazó, sin disidencias, recursos presentados por Cristina Fernández de Kirchner en causas vinculadas, reafirmando así la solidez de la investigación y el proceso judicial. El entramado financiero incluía expatriación de fondos hacia bancos suizos, su posterior blanqueo mediante inversiones bursátiles y su regreso al país bajo apariencia legal. La operación culminaba con la compra de bonos y la supuesta inyección de capital en Austral Construcciones. Sin embargo, la Justicia determinó que el verdadero titular del dinero era siempre Báez, quien se valió de socios y testaferros para ocultar el origen ilícito de los fondos. Uno de los focos de la causa fue la financiera SGI —conocida como “La Rosadita”—, donde se grabó a Martín Báez contando fajos de dólares, símbolo del esquema de blanqueo montado por su familia y socios. El fallo de la Corte da cierre definitivo a una de las causas más resonantes de corrupción en democracia. Y representa un mensaje claro del Poder Judicial sobre la tolerancia cero con el lavado de activos provenientes de fondos públicos. Opinión pública: El caso Báez sella con evidencia judicial lo que por años se sostuvo desde sectores críticos al kirchnerismo: el uso de la obra pública como matriz para desviar fondos del Estado. Que la Corte haya dejado firme esta condena implica que el relato de "lawfare" pierde peso frente a las pruebas documentadas. La Justicia aún tiene cuentas pendientes con las máximas autoridades políticas de ese entonces. Redacción Diario TAPA DEL DÍA.