“No puede hacerse el boludo”: el boomerang de la corrupción policial golpea a Pullaro como gobernador Redacción del Diario TAPA DEL DÍA – La frase fue directa y sin filtros: “No puede hacerse el boludo”. Maximiliano Pullaro la dijo al declarar como testigo en el juicio contra Omar Odriozola y Rafael Grau, dos ex jefes de la policía santafesina acusados de comandar una red de recaudación ilegal basada en reparaciones ficticias de patrulleros. Pero la crudeza de su declaración contrasta con el silencio frente al nuevo escándalo que sacude a su propia gestión: otro entramado de corrupción policial, ahora en Rosario, revela prácticas sistemáticas que sobreviven a las gestiones y comprometen seriamente su política de seguridad. El proceso judicial contra Odriozola y Grau comenzó con casi diez años de demora desde la denuncia que presentó Pullaro en mayo de 2016, durante su etapa como ministro de Seguridad. Sin embargo, los hechos ventilados en el juicio no son una reliquia del pasado. En paralelo, trece comisarios de la policía rosarina enfrentan prisión preventiva por una estructura de recaudación ilegal en estaciones de servicio. Según el fiscal José Luis Caterina, la maniobra habría generado ingresos ilícitos por más de 45 millones de pesos mensuales mediante cargas de combustible fantasma. En el centro de la acusación aparece el director de policía Daniel Alejandro Acosta, hombre de confianza de Pullaro y responsable de la jefatura durante el tiempo investigado. Su secretario privado, el comisario Rodrigo Domínguez –autopresentado como “abogado y profesor universitario”, pero apodado “Chamuyo” por los investigadores– también está imputado. El vínculo con el gobernador no es circunstancial: fue durante su gestión como ministro que se implementó el sistema de tarjetas de débito para controlar el combustible, mecanismo que, paradójicamente, habría sido clave en el fraude. Mientras tanto, Pullaro sostiene una narrativa de orden y disciplina. “Nosotros no toleramos la corrupción institucional”, afirmó ante la prensa, aunque evitó referirse a los nuevos escándalos. Y sostuvo, sin dudar: “La inmensa mayoría de los policías son buena gente”. Pero el peso de los hechos desmiente el optimismo: los símbolos de su gestión –patrulleros, presencia policial en las calles, mano dura judicial– hoy se ven opacados por la sospecha y la reiteración de prácticas delictivas dentro de la propia fuerza. La causa por corrupción no es la única grieta. El gobernador nombró en enero al agente Luciano Nocelli –condenado por doble homicidio y luego excarcelado tras un fallo de la Corte provincial– como asistente técnico del Ministerio de Seguridad. Su salida de prisión fue celebrada como una victoria por el entorno policial y acompañada por el comisario Acosta, el mismo involucrado en la red de recaudación clandestina. La llamada “ley Luciano”, impulsada por Pullaro, busca blindar a los agentes judicialmente en contextos de uso letal de la fuerza. En ese mismo sendero de endurecimiento, el gobierno avanza con la construcción del CERIAP, una cárcel de máxima seguridad que promociona como “El Infierno”, inspirada en el modelo Bukele, destinada a aislar a líderes criminales. Sin embargo, también en las cárceles surgen denuncias inquietantes: venta de drogas, celulares y privilegios tarifados en alcaidías. La sombra de la corrupción no distingue uniforme ni jerarquía. El escenario se completa con la reciente resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, que anunció a Rosario como posible primera ciudad en aplicar la nueva ley antimafia. Pullaro celebró la medida, aunque fuentes judiciales admiten que “no hay nada concreto” y advierten que la declaración de zona especial debe emanar de un juez. En este tablero complejo, Pullaro enfrenta una paradoja: su promesa de seguridad choca con el mismo aparato institucional que intentó reformar. La intervención de la policía de Rosario, las fracturas internas en su círculo de confianza y las contradicciones entre el discurso público y los hechos conocidos muestran un boomerang que retorna desde su propio pasado político. Como señaló TAPA DEL DÍA, el gobernador sigue aferrado a su hoja de ruta en materia de seguridad, pero la evidencia acumulada parece reclamar más que gestos simbólicos. Requiere voluntad política real para desmontar las estructuras que hacen posible la corrupción policial a gran escala. Una reflexión inevitable Más allá de las responsabilidades individuales, la gravedad de los hechos exige una revisión profunda del modelo de seguridad que se aplica en Santa Fe. La lógica del endurecimiento, sin controles efectivos ni transparencia institucional, puede terminar reforzando los mismos circuitos ilegales que se dice combatir. La corrupción no es una excepción: es una práctica enquistada, y para erradicarla no alcanza con no hacerse el boludo.