El Gobierno nacional oficializó este viernes, a través del decreto 439 publicado en el Boletín Oficial, un aumento en las retenciones para los principales cultivos agrícolas del país. La medida impactará de lleno al sector agroexportador a partir del 1° de julio. En concreto, la soja volverá a tributar un 33% de derechos de exportación, frente al 26% vigente hasta ahora, mientras que el maíz y el sorgo subirán del 9,5% al 12%. En tanto, el girasol pasará del 5,5% al 7%. En contrapartida, el Gobierno decidió mantener hasta el 31 de marzo de 2026 las alícuotas reducidas del 9,5% para el trigo y la cebada. La prórroga había sido anticipada días atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo. El decreto también extiende de 15 a 30 días hábiles el plazo para que los exportadores liquiden el 90% de las divisas generadas por las ventas al exterior, a través de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE). Se trata de un intento por “garantizar el flujo de exportaciones”, según detallaron desde la Secretaría de Agricultura. “Los exportadores pueden asegurar las retenciones actuales registrando la DJVE antes del 1° de julio, con hasta 15 días hábiles para ingresar el 95% de las divisas”, analizó un reporte privado de PPI. Según el mismo informe, el agro podría acelerar la liquidación de divisas hasta fines de julio, anticipándose al nuevo esquema fiscal. Las nuevas retenciones por cultivo desde el 1° de julio Soja: 33% (sube desde el 26%) Maíz: 12% (sube desde el 9,5%) Sorgo: 12% (sube desde el 9,5%) Girasol: 7% (sube desde el 5,5%) Trigo y cebada: continúan en 9,5% hasta marzo de 2026 Las principales entidades del agro ya encendieron las alertas. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtió que el campo “responde con producción, pero necesita condiciones claras”, mientras que desde Coninagro denunciaron que la suba de retenciones “genera desigualdad y frena las inversiones”. La tensión entre el Ejecutivo y el sector agropecuario se profundiza en un contexto donde el Gobierno busca reforzar las reservas y acelerar ingresos fiscales, mientras que el campo exige previsibilidad y reglas de juego estables para sembrar. Esta decisión no solo reaviva un viejo conflicto con el campo, sino que también reordena prioridades fiscales en medio del ajuste y de un frente político cada vez más sensible. El impacto político y productivo será uno de los ejes centrales en la agenda de julio. Diario TAPA DEL DÍA Opinión pública: en las redes sociales y cámaras rurales ya se multiplican las críticas al Gobierno por una medida que consideran “injusta y recaudatoria”. Aunque aún no se vislumbra una protesta masiva como en 2008, el malestar crece en los principales polos productivos del país.