En una jornada clave para la política nacional, el Senado convocó a sesión ordinaria este jueves a las 11 para debatir el veto presidencial a la emergencia en discapacidad. La oposición busca rechazarlo y, de lograrlo, el Presidente deberá promulgar la iniciativa sin poder observarla parcial o totalmente, como había dispuesto inicialmente. Para dar inicio a la sesión, se requiere un quórum mínimo de 37 senadores, cifra que los diferentes sectores garantizan según fuentes parlamentarias. La Constitución establece que el Congreso puede insistir con la sanción de una ley pese al veto presidencial, siempre que se cuente con la mayoría de dos tercios de los legisladores presentes en cada cámara. En Diputados, esa mayoría ya fue alcanzada; este jueves, el Senado podría replicar la decisión. La norma, que declara la emergencia por un año, habilita nuevas altas de pensión por discapacidad y contempla otras medidas de protección social. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de la iniciativa oscilará entre el 0,28% y el 0,51% del PBI. La reunión de Labor Parlamentaria, presidida por Victoria Villarruel, contó con la participación de senadores de todas las bancadas, incluyendo José Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Fernando Salino, Eduardo Vischi, Pablo Blanco, Mariana Juri, Mónica Silva, Francisco Paoltroni, Natalia Gadano, Carlos Arce, Juan Carlos Romero, Carlos Espínola, Edith Terenzi, Lucila Crexell, Alfredo de Ángeli, Martín Goerling Lara y Ezequiel Atauche. El miércoles, representantes del colectivo de personas con discapacidad, encabezados por la actriz Valentina Bassi y Jonathan Yeferley, se reunieron con senadores para solicitar que acompañen el rechazo al veto, en un gesto de presión ciudadana que subraya la importancia social del debate. Durante la sesión también se espera la presentación de cuestiones de privilegio por parte de legisladores críticos de las últimas medidas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, relacionadas con denuncias judiciales que calificaron de “operación de inteligencia no institucional”. Además, se abordará un dictamen de mayoría que propone modificaciones a la ley de reglamentación de los DNU, vigente desde 2006. La propuesta busca limitar los plazos de tratamiento parlamentario a 90 días y exigir la ratificación de ambas cámaras para mantener su vigencia. La senadora Alejandra Vigo será la encargada de fundamentar los cambios. En paralelo, se aprobará una modificación al Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación para empleados legislativos, un acuerdo que busca ampliar los beneficios y ofrecer alternativas más claras hacia la jubilación, consensuado por todas las bancadas. Esta sesión podría marcar un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, consolidando un revés para la gestión de Javier Milei y reafirmando la capacidad de la oposición para impulsar medidas con impacto social directo. TAPA DEL DÍA Opinión pública: Organizaciones sociales y referentes del sector consideran que el rechazo al veto sería un avance crucial para garantizar derechos de personas con discapacidad, y podría consolidarse como un mensaje político de amplia repercusión.
