Exdiputado salteño y empresario prófugo lideraban megaoperativo de contrabando de granos hacia Bolivia

La Justicia federal avanzó con el procesamiento del exdiputado provincial salteño Luis Gerónimo Cisneros y cinco imputados más por conformar una asociación ilícita que traficaba soja y maíz hacia Bolivia, utilizando cartas de porte falsificadas y depósitos ubicados estratégicamente cerca de la frontera internacional. La investigación también incluye presuntos delitos de lavado de activos.

La fiscal federal Lucía Orsetti, de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal, formalizó la imputación contra Cisneros, Alejandro Fernando Pedraza, Jean Denis, Leandro Nahuel Toledo, Jorge Gabriel Arenas y Willans Ygnacio Dorado. Además, solicitó la captura nacional e internacional de Pablo Emanuel Arequipa, empresario que logró huir hacia Paraguay antes de los allanamientos.

Los operativos, realizados el miércoles pasado en Salvador Mazza y Tartagal, incluyeron nueve allanamientos en inmuebles comerciales y residenciales. Allí se secuestraron armas, documentación vinculada a la adulteración de cartas de porte, equipos de comunicación y maquinaria utilizada en la operación ilegal.

Según la investigación, los imputados trasladaban grandes volúmenes de granos durante la madrugada a depósitos estratégicamente ubicados para facilitar el cruce hacia Bolivia. La mercadería era redistribuida en vehículos de menor porte y cruzaba la frontera por caminos secundarios, eludiendo los controles aduaneros.

Bolsas con granos en los depósitos de uno de los establecimientos allanadosGendarmería/fiscales.gob.ar

Los informes de la Dirección General Impositiva revelan que entre junio de 2022 y enero de 2024, Arequipa y Cisneros figuraban como destinatarios de más de 15.000 toneladas de granos. Las empresas involucradas facturaron cifras millonarias durante 2024, consolidando una red de contrabando de alto impacto económico y logístico.

Durante los allanamientos, la fiscal destacó el modo de operación de los imputados: prestanombres eran utilizados para emitir documentación de transporte, facturas y remitos con el fin de evadir el control tributario y garantizar la trazabilidad ilegal de los granos hasta Bolivia.

Actualmente, cinco de los acusados permanecen con prisión preventiva, mientras que Arenas quedó en libertad bajo restricciones. Arequipa continúa prófugo, lo que mantiene abierta la alerta internacional sobre la red de contrabando.

Impacto y opinión pública

El caso generó preocupación en la sociedad salteña y a nivel nacional, por el volumen del contrabando y la participación de un exfuncionario público. Analistas señalan que la investigación podría abrir la puerta a la revisión de controles fronterizos y aduaneros en la región.

TAPA DEL DÍA