TAPA DEL DÍA – La inquietud crece dentro del propio Gobierno. Con los salarios congelados desde inicios de 2024, ministros, secretarios y subsecretarios trasladaron al entorno presidencial un malestar que ya dejó de ser silencioso. La distancia entre lo que perciben quienes integran el Poder Ejecutivo y los montos que manejan otras áreas del Estado encendió nuevas tensiones internas, mientras se aguarda una definición del presidente Javier Milei. “No estamos hablando de un aumento, sino de recomponer lo que quedó atrasado en dos años”, explicó una fuente con conocimiento directo de la situación. De acuerdo con funcionarios consultados, la inflación acumulada dejó los sueldos “muy por debajo” de lo esperable para cargos de alta responsabilidad, y eso ya genera dificultades operativas: cada vez cuesta más conseguir profesionales dispuestos a asumir puestos clave. En la Casa Rosada sostienen que cualquier actualización depende de la Jefatura de Gabinete, con el aval del Presidente y de su hermana Karina Milei. Hasta ahora, la postura oficial fue sostener el congelamiento como gesto político: si la ciudadanía atravesó meses de esfuerzo, los funcionarios debían acompañar esa lógica. Sin embargo, la situación se volvió compleja y las quejas se multiplicaron. Actualmente, un ministro percibe alrededor de $3.584.006, mientras que un secretario obtiene $3.282.709 y un subsecretario unos $2.981.513. El propio Presidente cobra cerca de $4.066.018 brutos. En contraste, un senador nacional recibe una dieta cercana a los $9.500.000, más del doble que algunas de las principales autoridades del Ejecutivo. Esta brecha impacta en la gestión: “Nadie quiere asumir la responsabilidad. Hay cargos donde cuesta encontrar gente que firme”, reconoció un funcionario libertario al describir la dificultad para cubrir puestos que requieren decisiones sensibles y horarios extendidos. El traspaso hacia el sector privado se volvió habitual, lo que fuerza al Gobierno a intentar sostener equipos cada vez más acotados. A pesar de este escenario, en el oficialismo también analizan nuevos recortes del orden del 10% para 2026 y la simplificación de organismos estatales, lo que podría abrir un debate interno sobre prioridades y señales políticas. Por eso, la eventual recomposición salarial se perfila como una decisión tan sensible como necesaria en el corto plazo. Este dilema expone una paradoja: la administración busca eficiencia y profesionalización, pero enfrenta un esquema salarial que desalienta la permanencia de perfiles técnicos. La discusión sobre cómo equilibrar austeridad y funcionamiento real del Estado promete instalarse con fuerza en la agenda pública. Opinión final: En un contexto donde la política predica austeridad, la sostenibilidad del equipo de gobierno dependerá de encontrar un punto de equilibrio: salarios que no desentonen con el esfuerzo general, pero que permitan retener cuadros capaces de conducir áreas estratégicas. La tensión entre mensaje político y eficacia administrativa será uno de los debates centrales del próximo año. TAPA DEL DÍA
