TAPA DEL DÍA — En la Casa Rosada trabajan contra reloj para concluir la versión definitiva del proyecto de reforma del Código Penal, una iniciativa que el Gobierno considera estratégica y que buscará ingresar en el Congreso durante las sesiones extraordinarias que comenzarán después del 10 de diciembre. El oficialismo, que recientemente alcanzó la primera minoría en la Cámara de Diputados, se entusiasma con un proceso legislativo más favorable para avanzar con un cambio estructural largamente postergado. En el Salón Martín Fierro, cada jueves se reúne la mesa legal encabezada por Santiago Caputo, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y la flamante senadora Patricia Bullrich, acompañada por su asesor penalista Fernando Soto. Allí terminan de ajustar el borrador que modernizará un texto vigente desde 1921, con el objetivo de evitar arbitrariedades y brindar herramientas más claras a la Justicia. Según adelantó una fuente con acceso directo al documento, la nueva normativa incluirá más de 900 artículos y profundizará la política criminal con actualizaciones de penas en delitos de alto impacto social como homicidios, robos, narcotráfico, trata de personas y difusión de material prohibido. Las autoridades explican que la intención es “ordenar un sistema desactualizado” y establecer criterios más uniformes. El Gobierno prevé que el proyecto ingrese primero por Diputados para ser tratado en el período extraordinario que va del 10 al 31 de diciembre, con prórroga incluida en febrero. Con la reciente recomposición parlamentaria, en Balcarce 50 aseguran que el contexto es “más propicio” para avanzar. “Vinimos a defender a las víctimas y a ordenar un sistema que estuvo demasiado tiempo inmóvil”, expresó días atrás Amerio. En la misma línea, Bullrich destacó que la reforma busca mayor previsibilidad en las condenas y celeridad en los procesos judiciales. “Que la justicia llegue a tiempo y que las penas se cumplan. El que la hace, la paga”, remarcó durante una conferencia reciente. Endurecimiento de penas y debate sobre delitos sensibles La letra chica, aún sujeta a revisión presidencial, contempla que el 82% de los delitos tengan cumplimiento efectivo de la pena. También se elevarán mínimos para casos de gravedad, y se evaluará la incorporación de nuevos agravantes vinculados a la vulnerabilidad de las víctimas. Entre las alternativas analizadas estuvo la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, aunque finalmente quedó descartada por dificultades técnicas. En plena discusión interna, el Ejecutivo también resolvió no eliminar la figura de femicidio, pese a que sectores del oficialismo la habían cuestionado. Fuentes del entorno presidencial reconocieron que retirarla podría convertir la reforma en un foco de conflicto social y parlamentario innecesario. “No es práctico abrir un debate que complique una reforma integral”, señalaron. La propuesta prevé, además, penas más firmes para situaciones de violencia basada en vínculos, así como la incorporación de delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de contenidos íntimos. Técnicos del equipo confirmaron que se trabaja en nuevas tipificaciones para infracciones dentro del ámbito familiar, con el fin de detectar conductas que hoy no están contempladas. Aunque la administración libertaria no modificará el articulado referido a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, reconoce que algunos pasajes del Código siguen redactados bajo parámetros de 1921, pero aclara que la ley vigente “no será alterada”. Un Congreso reconfigurado y la estrategia para acelerar el debate La Casa Rosada estudia impulsar una comisión bicameral especial para ordenar el tratamiento del proyecto y evitar demoras. La idea, sin embargo, genera resistencia dentro del propio oficialismo, donde algunos advierten que podría terminar retrasando los plazos. Pese a las dudas, el Presidente sigue de cerca el avance del trámite y ya participó de la sesión preparatoria que marcó el inicio de la nueva composición legislativa. El reciente movimiento político, que incluyó la salida del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, del bloque peronista y la incorporación del diputado Francisco Morchio al oficialismo, dejó a La Libertad Avanza con 95 bancas, apenas por encima de Unión por la Patria. Esta posición como primera minoría será clave en la pelea por las presidencias y mayorías dentro de las 46 comisiones. Por estas horas, el Gobierno prepara una convocatoria a los jefes de bloque para ordenar la estrategia final. La meta es llegar a febrero con el proyecto listo y con respaldo suficiente para avanzar sin sobresaltos.   Opinión pública razonada: La magnitud de la reforma, la nueva correlación de fuerzas en Diputados y el impacto que puede tener en la vida cotidiana hacen prever que el debate será tan profundo como determinante. Si el Ejecutivo logra evitar fracturas internas y ordenar una mayoría circunstancial, podría concretar uno de los cambios institucionales más relevantes de las últimas décadas. En caso contrario, el Código Penal podría volver a quedar atrapado en un laberinto político que lleva años sin resolverse. TAPA DEL DÍA
