El PRO elevó el tono de su confrontación con el oficialismo y puso el foco en una cuestión de fondo: el respeto por las reglas constitucionales. El bloque de diputados que encabeza Cristian Ritondo rechazó la designación de nuevas autoridades en la Auditoría General de la Nación (AGN), aprobada durante la madrugada por impulso de La Libertad Avanza, y adelantó que recurrirá a la Justicia para frenar la medida. La Cámara de Diputados avaló la designación de tres integrantes del organismo de control con 186 votos afirmativos y dos abstenciones. La nómina quedó integrada por Rita Mónica Almada, en representación de La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, por el peronismo; y la exdiputada nacional Pamela Calletti, de Innovación Federal. Tras la votación, dos de los designados prestaron juramento para asumir sus funciones. Desde el PRO sostienen que el procedimiento fue irregular. Según explicaron, la designación de autoridades de la AGN no formaba parte del temario de sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, condición que —afirman— torna inválido el tratamiento del tema. “Durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede abordar los asuntos expresamente incluidos en la convocatoria”, remarcaron, citando el artículo 63 de la Constitución Nacional. El propio Ritondo expuso el malestar del bloque en el recinto, en el marco del debate por el Presupuesto 2026. Señaló que la Cámara fue citada con un temario concreto y que avanzar sobre otros asuntos implica, a su entender, un exceso de atribuciones. En un mensaje directo a la presidencia de la Cámara, advirtió que el PRO promoverá una acción judicial para que se declare la inconstitucionalidad de la designación. La postura fue ratificada luego en un duro comunicado. Allí, el bloque denunció que la decisión se tomó “al margen de la Constitución” y recordó que la objeción había sido planteada previamente, primero de manera informal y luego en el recinto, quedando asentada en el Diario de Sesiones. Para el PRO, no se trata de una discusión por cargos, sino de un límite institucional que no puede ser vulnerado. En ese sentido, subrayaron el rol de la AGN como órgano constitucional de control del Estado. “No es una cuestión administrativa ni interna del Congreso”, advirtieron, y alertaron que una integración realizada sin respetar las normas no fortalece el control público, sino que lo debilita y lo deslegitima ante la sociedad. El conflicto adquiere un matiz político adicional por el vínculo entre ambos espacios. El PRO recordó que acompañó al Gobierno en votaciones clave y en momentos de alta tensión, con el objetivo —según expresaron— de sostener un rumbo de cambio para el país. Por eso, manifestaron sorpresa y malestar frente a una decisión que consideran inconsulta y contraria a los compromisos políticos asumidos. Desde el espacio que lidera Mauricio Macri insistieron en que las transformaciones profundas que reclama la sociedad solo pueden consolidarse dentro del marco constitucional. “Las instituciones no pueden funcionar por la fuerza de una mayoría circunstancial”, afirmaron, y llamaron a respetar las reglas como condición indispensable para recuperar la confianza pública. La controversia, que ya anticipa un capítulo judicial, expone una grieta inesperada en el armado parlamentario del oficialismo y deja a la Auditoría General de la Nación en el centro de una disputa que trasciende los nombres y pone en juego el equilibrio institucional. La definición final podría quedar ahora en manos de los tribunales. TAPA DEL DÍA Opinión pública: más allá de las afinidades políticas, los organismos de control solo conservan legitimidad cuando su integración respeta estrictamente la Constitución. Cualquier atajo, aun con mayorías amplias, termina debilitando aquello que dice querer fortalecer: la calidad institucional.
