El Gobierno nacional afirma haber detectado una de las irregularidades más delicadas de los últimos años en el sistema de asistencia a personas con discapacidad. Según confirmaron fuentes oficiales, unas 180 mil personas que figuran como fallecidas continuarían apareciendo como beneficiarias activas del Certificado Único de Discapacidad (CUD), con acceso a prestaciones financiadas por el Estado. El hallazgo surgió a partir de una auditoría integral impulsada sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la que se cotejaron datos con el Registro Nacional de las Personas (Renaper), dependiente del Ministerio del Interior. El cruce de información permitió identificar que aproximadamente 178 mil certificados continuaban vigentes pese a que sus titulares ya no estarían con vida. La investigación se enmarca en un proceso de revisión más amplio iniciado luego de la salida de Diego Spagnuolo de la conducción del organismo, en medio de una fuerte polémica interna. El actual interventor, Alejandro Vilches, fue quien habría detectado las inconsistencias y autorizó las bajas administrativas de los certificados observados. Desde Balcarce 50 reconocen que el tema es seguido con extrema preocupación. “Es una estafa al Estado”, sostuvo una fuente con acceso al expediente, que explicó que ahora se avanzará en el análisis de los prestadores asociados a esos certificados. En el entorno presidencial no descartan judicializar el caso, tanto contra quienes percibían beneficios como contra los actores que habrían permitido sostener el circuito. El Certificado Único de Discapacidad es un documento gratuito que habilita el acceso a diversas prestaciones y programas oficiales. Su otorgamiento depende de una Junta Interdisciplinaria que evalúa cada situación en particular. Por ese motivo, el volumen de casos detectados encendió alertas políticas y administrativas dentro del Gobierno. La auditoría sobre la ANDIS fue ordenada formalmente el 28 de agosto pasado y también incluyó la revisión de contratos y procedimientos internos. Si bien los resultados finales aún no fueron oficializados, en la Casa Rosada estiman que el informe completo podría estar listo hacia el cierre del primer trimestre de 2026. En paralelo, dentro del Ejecutivo se analizó la posibilidad de reformular la estructura del organismo y quitarle autonomía, para que pase a depender directamente del Ministerio de Salud. Esa alternativa, sin embargo, no prosperó. El contexto político también es sensible. En las últimas semanas, la Ley de Emergencia en Discapacidad volvió al centro del debate parlamentario, luego de que el Gobierno intentara avanzar con su derogación en el marco del Presupuesto 2026, iniciativa que encontró resistencia en Diputados y entre gobernadores aliados. Con dictamen ya emitido en el Senado, el Ejecutivo habría decidido retroceder con la derogación total y trabajar en una propuesta alternativa que introduzca modificaciones parciales al texto vigente, en un intento por descomprimir el frente legislativo sin abandonar la revisión del sistema. La investigación por las presuntas irregularidades en la ANDIS sigue abierta y, según admiten en el oficialismo, podría derivar en causas judiciales de alto impacto institucional. El Gobierno considera este expediente como una de las pruebas más contundentes de la necesidad de reformular los mecanismos de control del gasto social. Opinión pública La magnitud del caso expone una falla estructural del Estado que trasciende gestiones y banderas políticas. Auditar no debería ser sinónimo de ajuste ni de sospecha sobre quienes realmente necesitan asistencia, sino una obligación básica para garantizar que los recursos públicos lleguen a destino. La clave estará en investigar con seriedad, sancionar a los responsables y proteger, sin ambigüedades, a quienes dependen legítimamente del sistema. TAPA DEL DÍA
