El Gobierno de Javier Milei cerró una semana decisiva en el Congreso con avances legislativos que el oficialismo considera estructurales, aunque el balance final dejó un escenario político mucho más inestable de lo esperado. La media sanción del Presupuesto 2026, el compromiso fiscal y la iniciativa de inocencia fiscal parecían consolidar una etapa de orden parlamentario, pero una ruptura inesperada con aliados clave abrió una crisis que amenaza con frenar todo en el Senado. La primera sesión tras el recambio legislativo había mostrado a un oficialismo más pragmático. Con acuerdos tejidos durante semanas por Diego Santilli, Manuel Adorni, Santiago Caputo y Martín Menem, el Ejecutivo había dejado atrás la confrontación abierta para habilitar una negociación clásica con gobernadores y bloques provinciales. Ese giro político permitió aprobar en Diputados proyectos centrales y obtener dictamen favorable en el Senado para la modernización laboral. El contexto acompañaba. El Ministerio de Economía modificó las bandas cambiarias sin sobresaltos en el mercado y el dólar se mantuvo estable. Todo indicaba que el Gobierno transitaba una secuencia de éxitos legislativos y económicos que reforzaban la figura presidencial. Sin embargo, el equilibrio duró poco. En Diputados estalló un conflicto que dejó al descubierto la fragilidad de los acuerdos. Los gobernadores que habían acompañado al Ejecutivo en la votación general marcaron un límite claro al rechazar la derogación de las leyes de emergencia educativa y de discapacidad. El mensaje fue inequívoco: el respaldo al Gobierno no sería automático ni ilimitado. El núcleo del problema fue el Capítulo XI incorporado por el oficialismo, un apartado que concentró demasiados intereses en un mismo artículo. Allí se incluyó la eliminación de normas sobre discapacidad y fondos universitarios —ya aprobadas por el Congreso e insistidas tras vetos presidenciales—, junto con la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un esquema de compensaciones entre distribuidoras eléctricas y el Estado nacional. Para muchos legisladores, el paquete resultó excesivo y políticamente inviable. La reacción del Ejecutivo fue inmediata. En la Casa Rosada sostienen que un Presupuesto sin esas derogaciones genera un desbalance fiscal y, en consecuencia, “no sirve”. La estrategia ahora apunta a que el Senado reincorpore los puntos rechazados. Pero el camino aparece empinado: cualquier modificación obligaría a que el proyecto vuelva a Diputados, donde el oficialismo no tiene los votos necesarios. El malestar se trasladó rápidamente a la Cámara alta. Senadores que hasta ahora acompañaban al Gobierno admiten en privado que no están dispuestos a avanzar en una confrontación directa sobre temas sensibles como discapacidad y educación. La tensión se profundizó cuando Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, expresó su enojo tras conocerse un acuerdo del oficialismo con el kirchnerismo para designar auditores en la Auditoría General de la Nación. En este clima, también quedó en suspenso la reforma laboral. Patricia Bullrich decidió postergar su tratamiento hasta el 10 de febrero con el objetivo de ganar tiempo para recomponer el vínculo con gobernadores aliados y sostener el diálogo con la CGT. La central sindical mostró capacidad de movilización, pero un peso político limitado a la hora de incidir en el Congreso. Del lado opositor, el cristiperonismo expuso su propia debilidad. El senador José Mayans denunció supuestas irregularidades en la designación de autoridades de comisión y anticipó una judicialización que difícilmente prospere. La oposición carece hoy de una estrategia unificada para frenar las iniciativas del Gobierno. Mientras tanto, el frente económico dejó señales mixtas. La actividad logró crecer 0,3% en el tercer trimestre y evitó la recesión por un margen mínimo. El Indec informó una baja de la desocupación al 6,6%, aunque el dato convive con un mercado laboral más precario. Desde el sector industrial advirtieron sobre la pérdida de 20.000 empleos, y el propio Banco Central reconoció que el crecimiento es desigual. Aun así, el optimismo presidencial se mantiene. Milei volvió a sostener que la inflación podría mostrar un cero por delante a partir de mitad de año. El desafío es grande: los índices recientes siguen elevados, aunque el Gobierno confía en cerrar 2025 con una inflación muy inferior a la del año anterior. Opinión pública: el oficialismo enfrenta un dilema político que va más allá del Presupuesto. La decisión de concentrar múltiples batallas en un mismo proyecto debilitó alianzas que parecían consolidadas. Si el Presupuesto 2026 y la reforma laboral se traban, no será por la fortaleza de la oposición, sino por una estrategia que tensó innecesariamente los acuerdos construidos.  TAPA DEL DÍA
