Pergamino volvió a ubicarse en el centro de la agenda institucional bonaerense al convertirse en sede de un debate de alto nivel sobre política criminal y seguridad, una temática sensible que atraviesa de lleno a la Justicia, al Estado y a la sociedad. El encuentro se realizó el miércoles 17 de diciembre en el Colegio de Abogados de la ciudad, en el marco del cierre del ciclo académico 2025, y convocó a magistrados, funcionarios judiciales, abogados y estudiantes. Bajo el título “Hacia una política criminal eficiente y democrática”, la jornada reunió a dos expositores de peso: el doctor Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y el doctor Manuel Bouchoux, juez del Tribunal de Casación Penal. La actividad fue organizada de manera conjunta por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Pergamino y el Colegio de Abogados local. Durante las exposiciones, los disertantes coincidieron en la necesidad de abandonar una mirada reduccionista de la política criminal, históricamente asociada casi de manera exclusiva a la respuesta punitiva y a la sanción inmediata de conductas, muchas veces impulsadas por la coyuntura mediática. Advirtieron que ese enfoque reactivo, carente de planificación estratégica, suele derivar en intervenciones estatales fragmentadas, con bajo impacto real y escasa capacidad de transformación. En contraposición, se propuso concebir la política criminal como una verdadera política pública, con objetivos definidos, criterios claros de priorización y mecanismos de evaluación permanente. En ese marco, se destacó el rol central que debería asumir el Ministerio Público Fiscal como órgano rector, capaz de traducir las demandas sociales en programas de persecución penal diseñados sobre la base de datos empíricos, rigor técnico y análisis de resultados. Los especialistas también hicieron hincapié en la necesidad de optimizar la asignación de los recursos estatales, identificar campos de intervención a partir del estudio de mercados ilegalizados —y no únicamente de figuras penales aisladas— y superar la inercia burocrática que, en muchos casos, reproduce prácticas ineficaces sin medir su verdadero impacto. Uno de los ejes más relevantes del debate fue el análisis crítico del proceso de desfederalización del narcomenudeo, a veinte años de su implementación en la provincia de Buenos Aires. Allí se puso en discusión si el esquema vigente logró cumplir los objetivos planteados o si, por el contrario, terminó sobrecargando al sistema penal sin afectar de manera sustantiva a las estructuras criminales de mayor escala. La preocupación por el crecimiento sostenido de la población carcelaria también ocupó un lugar central. Según los datos expuestos, el Servicio Penitenciario Bonaerense registró un aumento del 265 por ciento desde 2002 y alcanzó en 2025 las 61.352 personas privadas de la libertad. El número fue presentado como una señal de alerta que obliga a revisar las políticas de encarcelamiento y su eficacia real en términos de prevención del delito y reinserción social. El encuentro concluyó con un llamado firme a democratizar las decisiones judiciales, promover una justicia penal más transparente y sustentada en evidencia empírica, y desterrar prejuicios institucionales que condicionan la formulación de políticas de seguridad. La jornada dejó un saldo claro: Pergamino se consolida como un espacio de discusión calificada y plural sobre los desafíos estructurales de la política criminal en la provincia. Opinión pública: La seguridad difícilmente mejore si las decisiones continúan guiándose por urgencias políticas o titulares de ocasión. Apostar a políticas criminales planificadas, evaluables y basadas en datos no es una postura ideológica: es una condición mínima para que el sistema de justicia recupere eficacia y credibilidad social. TAPA DEL DÍA
