TAPA DEL DÍA El Gobierno nacional oficializó este viernes la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, dos normas que definen el marco económico y tributario con el que la administración de Javier Milei buscará consolidar su plan durante el próximo año. La promulgación se realizó mediante un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del 2026, tras la sanción del Senado el pasado 26 de diciembre. Ambas leyes fueron aprobadas por la Cámara alta con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, y son consideradas piezas clave para sostener el equilibrio fiscal, ordenar las cuentas públicas y avanzar en la normalización del sistema financiero. El Presupuesto 2026 prevé un total de gastos por $148 billones y establece como objetivo un superávit primario del 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI). En paralelo, el texto proyecta una inflación anual del 10,1%, un tipo de cambio oficial de $1.423 para diciembre de 2026 y un crecimiento económico del 5%. Cómo se distribuye el gasto público De acuerdo al detalle oficial, la mayor parte de los recursos estará destinada a los servicios sociales, con una asignación de $106,5 billones. En segundo lugar aparece el pago de deuda pública, con $14,1 billones, seguido por los servicios económicos, que demandarán $11,4 billones. El Presupuesto también fija límites estrictos para la cobertura de vacantes en la administración pública nacional, con excepciones puntuales para áreas consideradas estratégicas como Salud, Seguridad y Defensa. Entre los puntos más relevantes del Presupuesto 2026, se destacan: Un crecimiento del PBI estimado en 5%. Una inflación anual proyectada del 10,1%. Un dólar oficial a $1.423 hacia fines de 2026. Un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2%. Un aumento de las exportaciones del 10,6% interanual. Una asignación de $4,8 billones para universidades nacionales. Incrementos del gasto en jubilaciones (5%), Salud (17%) y Educación (8%). Se trata del primer Presupuesto aprobado por el Congreso desde la asunción de Milei, luego de dos años de gestión en los que el Ejecutivo debió administrar con prórrogas presupuestarias. La Ley de Inocencia Fiscal y el foco en los ahorros Junto al Presupuesto, el Gobierno promulgó la Ley de Inocencia Fiscal, que introduce cambios en el Régimen Penal Tributario y en los procedimientos fiscales. La norma apunta a incentivar el uso de ahorros en dólares que hoy se encuentran fuera del sistema formal. El espíritu de la ley se basa en considerar al contribuyente como cumplidor, salvo que exista prueba en contrario. Sin embargo, el texto aclara que no se eliminan impuestos, no se borran antecedentes fiscales y no se modifican las normas vigentes en materia de prevención del lavado de activos ni las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF). La legislación habilita a los contribuyentes a utilizar ahorros por hasta $100 millones sin enfrentar sanciones, siempre que no superen determinados umbrales. Quedan excluidos de este beneficio quienes registren ingresos anuales superiores a $1.000 millones, posean un patrimonio mayor a $10.000 millones o estén categorizados como grandes contribuyentes nacionales. Desde el Gobierno sostienen que la medida busca ampliar la base monetaria, fortalecer el sistema bancario y canalizar recursos hacia la economía formal sin alterar los controles vigentes. Opinión pública La combinación de un Presupuesto con metas fiscales claras y una ley orientada a normalizar ahorros marca una señal política y económica definida: el Ejecutivo apuesta a consolidar previsibilidad y disciplina, al tiempo que intenta reconstruir la confianza en el sistema. El desafío no estará solo en los números proyectados, sino en la capacidad de sostenerlos en un contexto social sensible y con expectativas todavía en formación. TAPA DEL DÍA
