TAPA DEL DÍA El calendario dejó de ser un dato administrativo y se transformó en un factor político. El próximo 20 de enero vence el plazo para que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional presenten ante la Inspección General de Justicia los balances contables y financieros pendientes desde 2017. No se trata de un trámite más: en juego está la explicación de flujos millonarios y el futuro de una conducción que hoy se encuentra bajo presión. En el entorno del presidente Javier Milei, Claudio “Chiqui” Tapia aparece como un adversario funcional. Para la Casa Rosada, la AFA concentra poder, visibilidad y una red de vínculos que exceden largamente lo deportivo. Para Axel Kicillof, en cambio, Tapia sigue siendo un actor con el que conviene no romper. Ambos miran a 2027, y el fútbol —con la Selección y el Mundial como telón de fondo— vuelve a colarse en la escena grande. Según los requerimientos oficiales, la AFA deberá justificar movimientos por alrededor de 111 millones de dólares, mientras que la Liga Profesional enfrenta observaciones por cifras aún mayores. La IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia, espera documentación que no fue presentada durante varios ejercicios consecutivos. El dato no pasó inadvertido en la Casa Rosada, que interpreta el vencimiento como una oportunidad política. En paralelo, la Justicia avanza por otros carriles. En Lomas de Zamora, el juez federal Luis Armella citó a declarar a Javier Faroni y a su esposa, Erica Gillette, en el marco de una investigación que analiza contratos internacionales de la AFA y el circuito de comisiones en el exterior. La pesquisa apunta a movimientos realizados a través de una sociedad registrada en Estados Unidos y busca determinar si existieron desvíos de fondos hacia estructuras sin actividad comprobable. La lupa judicial también se posa sobre Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre de máxima confianza de Tapia. En el fuero penal económico, la Cámara rechazó durante la feria un planteo para frenar la investigación y confirmó la continuidad de las medidas dispuestas por el juez Marcelo Aguinsky. Entre ellas, la suspensión de una tarjeta corporativa utilizada para gastos personales, que registraba consumos mensuales muy elevados. Lejos de replegarse, Tapia eligió la exposición. Convocó para el 7 de febrero al “Tercer Encuentro de Dirigentes 2026” en el predio de Ezeiza, una señal política hacia adentro del fútbol y hacia afuera. La estrategia combina territorialidad, gestos peronistas explícitos y una intensa agenda de apariciones públicas junto a intendentes del conurbano bonaerense. En las últimas semanas se lo vio en Mar del Plata y luego en distintos distritos del Gran Buenos Aires, siempre rodeado de jefes comunales con peso propio. Las fotos no fueron casuales. Funcionaron como respuesta a otras imágenes que circularon con fuerza: la de Sebastián Verón —enemigo declarado de Tapia— junto al intendente de Ensenada, Mario Secco, uno de los dirigentes más cercanos a Kicillof. La pregunta empezó a escucharse en voz baja en despachos oficiales y pasillos del fútbol: ¿Verón es una alternativa para un recambio impulsado desde el poder político? Nadie lo confirma, pero el movimiento de piezas sugiere que el tablero está lejos de estar quieto. El mapa se completa con Pilar como epicentro. Allí confluyen el nuevo domicilio formal de la AFA, una causa sensible vinculada a bienes de alto valor y una trama política donde aparecen dirigentes municipales, vínculos empresariales y expedientes que podrían cambiar de jurisdicción. Para algunos, una casualidad. Para otros, una ventaja estratégica. Mientras tanto, Kicillof mantiene su postura. En el gobierno bonaerense aseguran que no habrá cambios en la estructura actual y recuerdan que Tapia preside desde 2025 la CEAMSE, la empresa estatal que gestiona los residuos del AMBA, gracias a un acuerdo político vigente. El respaldo existe, aunque es medido, casi administrativo. El escenario es inestable. El fútbol, una vez más, funciona como espejo de la política argentina: alianzas tácticas, disputas de poder y tiempos judiciales que se superponen con calendarios electorales. Nada parece definitivo, pero todo se mueve. Opinión pública: el verdadero partido no se juega en una cancha. Se define en despachos, tribunales y equilibrios políticos frágiles. En esa partida, la transparencia ya no es solo una exigencia legal: es una condición para sostener legitimidad en un país donde el fútbol amplifica cada gesto y cada silencio. TAPA DEL DÍA
