TAPA DEL DÍA El Gobierno nacional dará este viernes un paso clave en su hoja de ruta legislativa para 2026. En Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezará una nueva reunión de la mesa política con el objetivo de reorganizar la estrategia parlamentaria y cerrar filas en torno a la reforma laboral, una de las iniciativas centrales del oficialismo para el inicio del año legislativo. Al encuentro fueron convocados Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado; Santiago Caputo, asesor presidencial y figura influyente en el armado político; Diego Santilli, ministro del Interior; y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. No se descarta, además, la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y pieza clave en la toma de decisiones del Ejecutivo. Se trata del primer encuentro formal de la mesa política en 2026 y llega en un momento decisivo. La intención del Gobierno es pulir los últimos detalles del proyecto de modernización laboral y definir la estrategia para avanzar con su tratamiento durante las sesiones extraordinarias, que Javier Milei prevé convocar a partir del 2 de febrero. Según reconocen en el oficialismo, el texto no sufriría modificaciones de fondo respecto del dictamen que obtuvo aval en diciembre. En La Libertad Avanza consideran que la reforma ya alcanzó un equilibrio delicado y buscan evitar cambios que desdibujen su espíritu. “No queremos que pase lo mismo que con la Ley Bases”, deslizan cerca del Presidente, en referencia a las negociaciones que obligaron a ceder en puntos centrales. Sin embargo, en Balcarce 50 son conscientes de que el proyecto despierta reparos, especialmente entre los gobernadores. Los cuestionamientos se concentran en el capítulo tributario, en particular en los artículos vinculados al impuesto a las Ganancias y su impacto en las cuentas provinciales. A ese escenario se suma una dificultad adicional: el Presupuesto 2026 fue aprobado sin el capítulo 11, que incluía derogaciones y modificaciones sensibles, como la ley de Emergencia en Discapacidad, el Financiamiento Universitario, cambios en la coparticipación federal, los subsidios energéticos y el financiamiento del Poder Judicial. Esa omisión obliga ahora a recalibrar parte del entramado fiscal que acompaña a la reforma laboral. En este contexto, Diego Santilli ya inició conversaciones con los mandatarios provinciales para sumar apoyos, aun frente a los puntos más controvertidos del proyecto. En el Ejecutivo evalúan introducir retoques puntuales, pero descartan de plano aceptar modificaciones sustanciales que alteren el núcleo de la iniciativa. En paralelo, Patricia Bullrich trabaja para consolidar respaldos en el Senado, donde escucha propuestas de bloques aliados y también de sectores opositores dispuestos a negociar. La estrategia oficial apunta a que la reforma sea aprobada primero en la Cámara Alta y luego avance en Diputados sin transformaciones radicales. El clima interno es de moderado optimismo. “Las negociaciones se van a reactivar con fuerza a fines de enero. Ya se avanzó bastante y, después del número que se consiguió para el Presupuesto, creemos que será más sencillo reunir los votos”, confió una alta fuente de La Libertad Avanza. Si se cumple el cronograma que maneja el Gobierno, la reforma laboral desembarcaría en la Cámara de Diputados después del 10 de febrero, en una prueba decisiva para la capacidad del oficialismo de sostener su agenda y convertir en ley una de las banderas centrales del presidente Javier Milei. Opinión pública: más allá de los tiempos y las negociaciones, la reforma laboral se perfila como un test político de fondo. No solo medirá la solidez del oficialismo en el Congreso, sino también su habilidad para construir consensos duraderos en un escenario fragmentado, donde cada voto tiene un costo y cada concesión deja huella. TAPA DEL DÍA
