TAPA DEL DÍA El Gobierno nacional dio un paso clave en la causa judicial que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades en el manejo de tributos y aportes de la seguridad social. A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Estado fue aceptado formalmente como querellante en el expediente, lo que le permitirá impulsar medidas de prueba y seguir de cerca el avance de la investigación. La causa, que se tramita en el fuero penal económico, tiene como principal imputado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, junto al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. El eje de la investigación apunta a la presunta retención de fondos que habrían sido descontados a terceros, pero no ingresados al fisco dentro de los plazos legales establecidos. Una investigación que supera los $19.300 millones Según consta en el expediente, la investigación se originó a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), luego ampliada por ARCA. En una primera presentación se detectaron obligaciones impagas por más de $7.593 millones, mientras que una ampliación posterior elevó el monto denunciado en otros $11.759 millones. De acuerdo con el detalle oficial, los períodos bajo análisis abarcan desde marzo de 2024 hasta julio de 2025 e incluyen tanto retenciones impositivas como aportes vinculados a la seguridad social. Con ambas presentaciones acumuladas, el total bajo investigación supera los $19.300 millones. El rol de la AFA como agente de retención Desde ARCA explicaron que la maniobra investigada se basa en el rol de la AFA como agente de retención. Esto implica que la entidad habría practicado efectivamente los descuentos correspondientes, pero luego habría omitido depositar esos fondos dentro de los plazos legales. El organismo recaudador remarcó que los importes retenidos no constituyen fondos propios, sino recursos que pertenecen al Estado desde el mismo momento en que se efectúa la retención. Por ese motivo, su falta de ingreso en tiempo y forma es considerada una irregularidad grave desde el punto de vista legal. El avance judicial y la aceptación de ARCA como querellante El juez en lo penal económico Diego Amarante resolvió aceptar a ARCA como querellante, una decisión que fortalece la posición del Estado dentro del proceso. A partir de ahora, el organismo podrá solicitar medidas, aportar pruebas y participar activamente en la estrategia judicial. En sus presentaciones, ARCA sostuvo que la AFA conocía sus obligaciones legales, había realizado las retenciones y contaba con la posibilidad real de cumplir con los depósitos, pero optó por no hacerlo. Esa conducta, señalaron, resulta determinante para la evaluación del caso. Opinión pública: el avance del Estado como querellante en esta causa marca un punto de inflexión en la relación entre el poder público y las entidades más influyentes del deporte argentino. El mensaje es claro: aun las organizaciones con mayor peso simbólico y social deben rendir cuentas cuando se trata de recursos que pertenecen a todos. TAPA DEL DÍA
