TAPA DEL DÍA La reforma laboral se convirtió en el primer gran test político del tercer año de gestión de Javier Milei. No solo por su contenido, sino porque expone con crudeza el nuevo mapa de poder entre la Casa Rosada y los gobernadores, obligando al oficialismo a abandonar la lógica de confrontación y a negociar apoyo por apoyo en un Congreso fragmentado. A dos años del inicio del mandato libertario, el vínculo con las provincias atraviesa una etapa distinta. El choque frontal del primer tramo —marcado por el recorte de transferencias, la paralización de la obra pública y la eliminación de fondos compensadores— dio paso a un esquema más pragmático, atravesado por la escasez de recursos, la necesidad de votos y un ajuste fiscal que reordenó prioridades. Ese cambio de clima no fue voluntario. El fracaso de la primera Ley Bases dejó una enseñanza clara: sin el respaldo territorial de los gobernadores, el Ejecutivo no puede avanzar con reformas estructurales. Desde entonces, el Gobierno ajustó su estrategia y comenzó a reconstruir canales de diálogo selectivos. Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la promesa de reactivar obras puntuales y los acuerdos quirúrgicos sobre las deudas previsionales se transformaron en herramientas centrales de negociación. El Presupuesto 2026 fue el primer ensayo exitoso de ese nuevo equilibrio y ahora la reforma laboral aparece como la prueba decisiva. Aliados con respaldo condicionado Entre los mandatarios con mejor sintonía con la Casa Rosada figuran Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (CABA) y Claudio Poggi (San Luis). Sellaron acuerdos políticos con La Libertad Avanza, sostienen un diálogo fluido con el Ejecutivo y avalan la necesidad de una reforma laboral, aunque reclaman previsibilidad en los envíos de fondos y recursos para infraestructura. En un segundo anillo se ubican Marcelo Orrego (San Juan), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Gustavo Sáenz (Salta). Si bien marcaron diferencias puntuales, fueron claves para la sanción de leyes durante 2025 y vuelven a ser actores centrales en la discusión que se viene. Un capítulo aparte lo representan los peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Con una posición ambigua pero funcional al Gobierno, apoyaron el Presupuesto 2026 y se mostraron dispuestos a acompañar la reforma laboral, aunque con reparos vinculados a su impacto fiscal. Según trascendió en negociaciones reservadas, ambos advierten sobre “inconvenientes serios” en el proyecto oficial, especialmente en el capítulo tributario. Los artículos que reducen alícuotas del impuesto a las sociedades y del Impuesto a las Ganancias —ambos coparticipables— generan preocupación en distritos con fuertes asimetrías regionales. Provincias Unidas y el equilibrio calculado El espacio de Provincias Unidas concentra a gobernadores que combinan colaboración legislativa con una postura crítica frente al Ejecutivo. Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) son decisivos en cualquier votación ajustada, aunque reclaman un debate detallado y sin apuros. Una posición similar sostienen Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén). Acompañan al Gobierno en términos generales, pero no dudan en marcar límites cuando consideran que se rompen acuerdos previos. El antecedente del Presupuesto 2026 dejó una señal clara: el oficialismo logró la aprobación en general, pero sufrió un revés político al intentar avanzar sobre temas sensibles sin consenso. Diputados vinculados a estos gobernadores rechazaron artículos incorporados a último momento, aun cuando habían facilitado el avance del proyecto. Oposición dura y advertencias fiscales En el extremo opuesto se alinean los gobernadores que decidieron articular una estrategia opositora: Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Los mandatarios cuestionan el impacto federal de las reformas impulsadas por el Gobierno y advierten sobre una pérdida sostenida de recursos. En un comunicado conjunto señalaron que las provincias reciben cada vez menos fondos y que la reforma laboral podría profundizar ese escenario. El ajuste como telón de fondo La discusión se da en un contexto de ajuste profundo. La ejecución presupuestaria de 2025 cerró con una caída real del gasto cercana al 29%, con recortes significativos en transferencias a provincias y municipios, según datos del CEPA. En ese marco, los ATN recuperaron protagonismo. Solo en diciembre se giraron $66.500 millones, de acuerdo con el IARAF, con Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta concentrando una porción significativa de los fondos distribuidos en todo el año. A esto se suman las deudas de la Anses con provincias que no transfirieron sus cajas previsionales. Buenos Aires reclama $12 billones; Santa Fe, cerca de $2 billones; y Chubut, $51.000 millones. El monto previsto en el Presupuesto 2026 es considerado insuficiente por los gobernadores y alimenta la desconfianza. La reforma laboral expone, así, el nuevo vínculo entre Milei y las provincias. La confrontación dio paso a una negociación pragmática, con recursos sobre la mesa y límites más claros. En un Congreso dividido, el Gobierno necesita sostener acuerdos frágiles, mientras los gobernadores administran apoyos selectivos para no resignar poder territorial. Opinión pública: el debate legislativo ya no gira solo en torno al contenido de la reforma, sino al método. Si el oficialismo logra aprobarla, no será por convicción ideológica plena, sino por una arquitectura política basada en concesiones puntuales. Ese esquema puede servir para avanzar en el corto plazo, pero deja abierto un interrogante mayor: cuánto margen real tiene el Gobierno para sostener reformas profundas sin una base territorial sólida. TAPA DEL DÍA
