TAPA DEL DÍA El Gobierno nacional dio un paso decisivo para poner en funcionamiento el programa de Ciudadanía por Inversión, una iniciativa que busca atraer capitales extranjeros mediante la concesión de la ciudadanía argentina a quienes realicen inversiones consideradas significativas. La medida se apoya en la reglamentación del marco legal aprobada en julio de 2025 y en una licitación lanzada recientemente para definir quiénes estarán a cargo de su implementación. El esquema no surge de manera aislada. Se complementa con la plena vigencia del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), con el que el Ejecutivo pretende consolidar un entorno más competitivo para la llegada de capital extranjero, especialmente en proyectos de largo plazo vinculados al desarrollo productivo. Mediante el Decreto 524/2025, el Gobierno estableció que los ciudadanos extranjeros que concreten una inversión relevante, bajo los criterios que fijará el Ministerio de Economía, podrán solicitar la ciudadanía argentina ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Este organismo descentralizado tendrá a su cargo la recepción y evaluación de las solicitudes, además de coordinar la intervención de distintos entes del Estado. En el proceso participarán la Dirección Nacional de Migraciones, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera, el Registro Nacional de Reincidencia y el Renaper, en un esquema de control que apunta a garantizar transparencia y trazabilidad tanto del origen de los fondos como del perfil de los solicitantes. El modelo de ciudadanía o residencia por inversión se encuentra vigente, con distintas modalidades, en más de 80 países. Estados Unidos, Canadá, Portugal y varias naciones del Caribe figuran entre los antecedentes más conocidos. En ese contexto, un consorcio internacional de empresas especializadas analizó el potencial del programa argentino y estimó que podría canalizar más de USD 2.500 millones en inversión extranjera directa durante sus primeras etapas. “Se trata de un mecanismo ampliamente validado a nivel global para atraer capital de largo plazo, siempre respaldado por marcos regulatorios sólidos y controles oficiales”, explicó Jeffrey Henseler, chairman de Passport Legacy, firma suiza especializada en este tipo de programas. Según indicó, cada país adapta el esquema a sus necesidades de desarrollo y al tipo de inversión que busca promover. Apex Capital Partners, Arton Capital, Passport Legacy y AIM Global, compañías con experiencia en Europa, Medio Oriente, Asia, África y América, anunciaron su intención de participar en la licitación oficial para llevar adelante el programa en la Argentina. De acuerdo con las proyecciones del sector privado, la iniciativa podría atraer a unas 5.000 familias interesadas en acceder a la ciudadanía argentina mediante inversiones dirigidas a áreas estratégicas como infraestructura, energía, agronegocios, tecnología, vivienda y proyectos de desarrollo regional. “El atractivo no está solo en el volumen de fondos, sino en el perfil de los inversores y en la posibilidad de orientar el capital hacia sectores que generen impacto económico real”, sostuvo Matías Apparcel, abogado y CEO de AIM Global. En la misma línea, recordó que programas similares tuvieron resultados significativos en otros países. Según detalló, el sistema estadounidense de residencia por inversión captó entre USD 55.000 y 60.000 millones desde su creación y generó cientos de miles de puestos de trabajo. En Europa, Portugal sumó alrededor de 9.000 millones de euros, mientras que Nueva Zelanda incorporó más de USD 10.500 millones desde 2009. Por su parte, Nuri Katz, presidente y CEO de Apex Capital Partners, advirtió que el éxito del programa dependerá de su diseño institucional. “Los antecedentes internacionales muestran impactos positivos cuando existen controles estrictos y objetivos claros. El desafío para la Argentina es construir un esquema que sea sinónimo de transparencia y previsibilidad ante la comunidad global”, afirmó. En un contexto de escasez de financiamiento y necesidad de reactivar sectores clave, la ciudadanía por inversión aparece como una herramienta que puede abrir una puerta concreta al ingreso de capitales. Su impacto final dependerá de la capacidad del Estado para garantizar reglas claras, controles efectivos y una orientación estratégica de los fondos hacia el desarrollo productivo. TAPA DEL DÍA
