TAPA DEL DÍA – El sistema judicial bonaerense atraviesa un momento de alto impacto institucional tras la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de destituir al juez laboral Mariano José Riva, quien se desempeñaba en el Tribunal de Trabajo N° 4 de Mar del Plata. La resolución se conoció este jueves y se sustenta en una investigación que acreditó un conjunto de conductas reiteradas incompatibles con el ejercicio de la función judicial, en un proceso que fue llevado adelante por el fiscal de Cámara de Pergamino, Mario Daniel Gómez, por delegación del Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand. De acuerdo a lo expuesto durante el proceso, el ahora ex magistrado incurrió en un patrón sistemático de maltrato laboral, comportamientos impropios en el trato con el personal y un uso abusivo de su posición jerárquica. Estas situaciones, sostenidas en el tiempo, generaron un clima de trabajo considerado inadmisible dentro de un ámbito judicial. Las pruebas recolectadas incluyeron testimonios y documentación que describieron un escenario interno marcado por episodios de tensión constante, expresiones inapropiadas y un manejo del personal alejado de los estándares exigidos por la función pública. En ese contexto, incluso se registró la salida de una trabajadora que decidió abandonar su carrera ante la situación que atravesaba. Asimismo, la acusación sostuvo que existieron prácticas de control indebido sobre la vida privada de empleados, con comunicaciones fuera del horario laboral y exigencias que excedían las responsabilidades propias del cargo, configurando un claro abuso de autoridad. El Jurado de Enjuiciamiento, presidido por la titular de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, y conformado por conjueces abogados y legisladores, coincidió en que los hechos comprobados constituyen faltas graves que vulneran el principio de “buena conducta” exigido por la Constitución provincial para quienes integran el Poder Judicial. En su resolución, el cuerpo consideró que las conductas atribuidas a Riva no solo afectaron a las personas involucradas, sino que también provocaron un daño significativo a la credibilidad institucional de la Justicia. La decisión marca un precedente relevante en materia de control y responsabilidad dentro del sistema judicial bonaerense, reforzando la necesidad de garantizar ámbitos laborales adecuados y el cumplimiento estricto de los deberes que implica ejercer la magistratura. Este caso vuelve a poner en agenda la importancia de los mecanismos de supervisión interna y el rol de los órganos de enjuiciamiento como herramientas clave para preservar la confianza pública en las instituciones. TAPA DEL DÍA - www.tapadeldía.com
