El caso de Enzo Álvarez sigue siendo una herida abierta en la comunidad de Pergamino. Con apenas cinco años, ingresó al quirófano de la entonces Clínica General Paz, ubicada en Florida al 800 —actual Sanatorio Elán Vital— para una sencilla cirugía ocular que debía mejorar su calidad de vida. Sin embargo, una grave mala praxis médica cambió su destino para siempre: el niño sufrió una parálisis cerebral espástica severa y desde entonces permanece en estado de dependencia total. Hoy, con 23 años, Enzo vive postrado y requiere asistencia permanente. Su caso fue juzgado por la Justicia, que determinó la responsabilidad del centro de salud y del anestesista interviniente. La sentencia quedó firme y el monto de la indemnización fue establecido. Pese a ello, ni el sanatorio ni su responsable visible, Julián Fierro —presidente del directorio— cumplieron con el pago ordenado. El incumplimiento resulta aún más grave si se considera que la familia de Enzo actuó con buena fe: aceptó el levantamiento de la medida de inhibición general que pesaba sobre Clínica General Paz S.A. (inscripta el 31 de octubre de 2022 bajo el N° 98 1491553/2TITULO), con la expectativa de facilitar el cobro del resarcimiento. Sin embargo, la respuesta del sanatorio fue el silencio. Fierro mantiene una actitud evasiva y distante, que demuestra un preocupante desinterés frente al sufrimiento ajeno y al mandato judicial. La situación se agrava aún más porque la institución tampoco cumple con el pago de los salarios mínimos, vitales y móviles que corresponden a Enzo desde hace cinco meses, a pesar de la orden judicial vigente. En otras palabras, el sanatorio Elán Vital continúa desobedeciendo un fallo firme por todas las vías posibles. El origen del drama se remonta al momento de la intervención. Enzo ingresó para tratar una leve anomalía ocular —microftalmia—, pero durante la cirugía sufrió un paro cardíaco que obligó a su traslado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos “San José”. Allí se confirmó el daño neurológico irreversible, diagnóstico que luego ratificaron los especialistas del Hospital Garrahan. Desde entonces, la vida del joven y de su familia quedó completamente transformada. El camino judicial fue extenso y complejo. Aunque la Cámara de Apelaciones había revocado el fallo inicial favorable a los padres, la Suprema Corte de Justicia bonaerense terminó por confirmar la condena al establecimiento de salud. En su resolución, el juez Bernardo Louise consideró que la responsabilidad era objetiva, dado que el anestesista actuaba bajo la órbita del sanatorio, por lo que la institución debía responder por sus acciones. A pesar del cambio de nombre a Elán Vital, nada parece borrar el pasado ni las deudas —judiciales y morales— que arrastra la clínica. El silencio y la desidia son hoy las únicas respuestas ante un caso que simboliza la falta de cumplimiento y de empatía en uno de los episodios más dolorosos de la salud local. La historia de Enzo no solo refleja una tragedia personal, sino también una deuda social: la de una Justicia que, aunque dictó sentencia, aún no logra que se cumpla. La comunidad de Pergamino sigue esperando una reparación concreta y definitiva. Porque detrás de cada expediente, hay vidas que merecen dignidad. La falta de respuesta del sanatorio Elán Vital, su silencio prolongado y la ausencia de empatía hacia la víctima y su familia reflejan una preocupante cultura de impunidad. La Justicia actuó; ahora, el cumplimiento debería ser inapelable. TAPA DEL DÍA