TAPA DEL DÍA La reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad no fue una decisión aislada ni voluntaria. En el Gobierno reconocen que el paso se dio en cumplimiento directo de una orden judicial y bajo el argumento de respetar la división de poderes, un principio que, aseguran, guía su accionar institucional incluso en escenarios adversos. La medida respondió a la resolución del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que dispuso la inmediata puesta en vigencia de la norma. Desde el entorno presidencial fueron claros: “Si nos obligan, vamos a reglamentar”. La frase sintetiza una postura que hoy se proyecta sobre otras dos leyes sensibles y aún en disputa: la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica. Ambas normas se encuentran formalmente promulgadas, pero con su aplicación postergada. En Balcarce 50 admiten que existe un sector del Ejecutivo que evalúa insistir con su derogación, aunque reconocen que una orden judicial similar a la que activó la emergencia en discapacidad forzaría al Gobierno a avanzar en su implementación. El eje de la discusión es fiscal. Funcionarios con llegada directa al despacho presidencial advierten que la plena ejecución de estas leyes comprometería seriamente el equilibrio de las cuentas públicas. “Estamos hablando de dos puntos del déficit fiscal”, deslizan en privado, dejando en claro que el margen de maniobra es limitado. La postura oficial, sin embargo, tiene un límite explícito: no desacatar fallos. “No cumplir una sentencia es un delito”, resumió una fuente libertaria, al recordar que el incumplimiento podría derivar en responsabilidades penales para los funcionarios involucrados. El antecedente inmediato fue la declaración de invalidez del artículo 2° del decreto que había suspendido la aplicación de la ley de discapacidad. La reglamentación, firmada por el presidente Javier Milei durante la madrugada del miércoles, llegó sobre el límite del plazo judicial. En el Ejecutivo reconocen que la acumulación de fallos adversos aceleró la decisión, aunque aclaran que el decreto no implica avalar los fundamentos de la sentencia ni resignar la estrategia legal. De hecho, el texto del decreto 84/2026 deja asentado que la reglamentación se dicta sin reconocer derechos ni consentir los argumentos del fallo, una fórmula jurídica que busca preservar la posición del Gobierno en la disputa de fondo. El recorrido de las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica expone la complejidad del escenario. Tras ser sancionadas por el Congreso en agosto de 2025, fueron vetadas por el Ejecutivo. El Parlamento rechazó el veto y ratificó los proyectos, que luego fueron promulgados con aplicación suspendida a la espera de fuentes de financiamiento. En diciembre, el Gobierno intentó avanzar nuevamente sobre estas normas al incluir su derogación en el proyecto de Presupuesto 2026. La maniobra generó resistencias incluso entre aliados legislativos y terminó con la sanción del presupuesto sin el capítulo cuestionado. Aun así, dentro del oficialismo hay quienes no dan la discusión por cerrada y analizan insistir durante las sesiones ordinarias. Pero el clima político no es favorable. Legisladores reconocen que sectores aliados, como la Unión Cívica Radical, no acompañarían una ofensiva que afecte salarios docentes, no docentes y becas estudiantiles. “No hay respaldo político ni ganancia electoral en este tema”, admiten voces del propio oficialismo. Para algunos, la estrategia más prudente sería dejar correr el año y evitar un conflicto que combine desgaste institucional, tensión social y posibles fallos judiciales adversos. Mientras tanto, en el Gobierno saben que, ante una orden judicial concreta, no habrá margen para desconocerla. La responsabilidad recaería directamente sobre los funcionarios encargados de ejecutar la medida, un riesgo que nadie parece dispuesto a asumir. Opinión pública: el caso de la Emergencia en Discapacidad dejó una señal clara: cuando la Justicia interviene, la política retrocede. Persistir en postergar leyes vinculadas a salud y educación no solo profundiza la judicialización, sino que expone al Gobierno a un costo institucional que trasciende el debate fiscal y pone en juego su credibilidad democrática. TAPA DEL DÍA
