Denuncia por lavado y evasión en el centro del escándalo La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia penal contra la firma Sur Finanzas PSP S.A., tras detectar maniobras que podrían encuadrar en los delitos de lavado de activos agravado y evasión tributaria. La empresa, registrada como proveedora de servicios de pago ante el Banco Central, había sido allanada días atrás en la causa por el presunto desvío de fondos vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La investigación tuvo su origen en fiscalizaciones iniciadas en abril de 2024, cuando la firma aún operaba bajo la razón social NEBLOCKCHAIN S.A. La presentación fue realizada por la abogada María Belén Cionci, jefa de la Sección Penal Tributaria de la DGI Regional Sur, quien remarcó ante la Fiscalía la existencia de “hechos de ribete delictual” que justificaban la acción judicial. Según la documentación aportada, Sur Finanzas intensificó su actividad desde noviembre de 2023, ampliando servicios de pagos digitales, billeteras electrónicas, cobros por QR y links de pago, entre otras operatorias. Inconsistencias millonarias y sujetos sin respaldo económico ARCA y AFIP informaron que, tras una serie de cruces de información, se detectaron abultadas transferencias efectuadas por contribuyentes que no poseían capacidad operativa ni patrimonial para manejar montos de semejante magnitud. El organismo sostuvo que la financiera habría operado “en connivencia con terceros ocultos tras sujetos apócrifos o no categorizados”, muchos de ellos incorporados en la base e-Apoc por falta de confiabilidad. El Informe de Investigación reveló que el volumen de movimientos canalizados a través de billeteras asociadas a Sur Finanzas alcanzó $818.000.000.000 durante el período analizado. Del total relevado, el 31% correspondió a sujetos no categorizados y el 27% a monotributistas con escasa capacidad económica. En paralelo, empresas consideradas no confiables realizaron operaciones por más de $72.342 millones, mientras que entre enero de 2025 y abril del mismo año, 26 compañías de esa base movieron aproximadamente $35 mil millones. Irregularidades en el Impuesto al Cheque y supuesta interposición de sociedades Otro punto clave del informe fue la detección de irregularidades vinculadas al Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios. Según AFIP, entre septiembre de 2023 y abril de 2025, Sur Finanzas habría operado montos por más de $277.272 millones sin aplicar las alícuotas correspondientes. La diferencia presunta por ingresar asciende a $3.327 millones, según el cálculo realizado por el organismo. Los auditores señalaron que la financiera no aplicó la detracción del tributo en operaciones con personas jurídicas y que el beneficio de exención para contribuyentes del régimen simplificado no alcanza a sociedades ni a sujetos apócrifos. De acuerdo con el escrito, esto podría configurar una interposición de terceros para encubrir a los verdaderos obligados fiscales. La denuncia incluye informes técnicos, análisis de billeteras digitales, listados de contribuyentes no confiables y verificaciones patrimoniales. A partir de la gravedad de los elementos reunidos, ARCA solicitó allanamientos, embargos y la intervención formal de la UIF. La causa ya quedó bajo análisis de áreas especializadas en delitos económicos. Un caso que vuelve a tensar el sistema de control financiero La magnitud de los montos y la diversidad de los perfiles involucrados reabren el debate sobre la fiscalización de las plataformas de pago, un sector que en los últimos años creció a un ritmo acelerado. Mientras avanza la investigación, distintos especialistas consultados remarcan que la detección temprana de estos desvíos es clave para evitar maniobras que puedan impactar en la confianza del ecosistema digital. Opinión pública Entre analistas del sector financiero persiste una inquietud compartida: la velocidad con la que crecieron ciertos intermediarios en el mundo de los pagos digitales no estuvo acompañada por un fortalecimiento equivalente de los controles. El caso Sur Finanzas vuelve a poner en escena la necesidad de modernizar sistemas de verificación y contrastar en tiempo real la capacidad económica de quienes realizan operaciones masivas. Para especialistas, este episodio podría convertirse en un punto de inflexión en la regulación del sector. TAPA DEL DÍA
