TAPA DEL DÍA La preocupación de comerciantes y vecinos de la avenida Juan B. Justo, en el barrio Centenario, volvió a quedar en el centro de la escena tras un pedido público de auxilio que expuso una realidad social y sanitaria de máxima gravedad. La hija de uno de los protagonistas de reiterados episodios de tensión en la vía pública reclamó una intervención urgente del Estado para asistir a dos personas en situación de calle que atraviesan consumos problemáticos y severos problemas de salud. El caso, que desde hace meses genera alarma en una de las zonas comerciales más transitadas del sector, sumó en las últimas horas un testimonio familiar que dejó al descubierto la falta de respuestas institucionales ante un escenario que combina vulnerabilidad, enfermedad y conflictos reiterados a la vista de toda la comunidad. Florencia González, hija de un hombre de 55 años que vive en la calle junto a su pareja, brindó una entrevista en el ciclo de streaming Reporte La Opinión, donde relató con crudeza el deterioro progresivo de ambos y el riesgo concreto que, según advirtió, existe de que la situación derive en un desenlace irreparable. Según explicó, su padre llegó a la ciudad tras separarse y, con el paso del tiempo, perdió estabilidad laboral y vínculos familiares. “Era albañil, trabajó toda su vida, pero una lesión grave y el alcohol lo fueron dejando afuera de todo”, relató. Una hernia de disco sufrida en un accidente laboral le impidió continuar en la construcción y, desde entonces, su estado de salud se agravó. La joven detalló que su padre padece una enfermedad pulmonar crónica, con una capacidad respiratoria severamente reducida, además de otras patologías que requieren atención médica permanente. A ello se suman problemas de consumo que, lejos de recibir tratamiento, se profundizaron en el contexto de la vida en la calle. Respecto de la mujer que lo acompaña, indicó que cuenta con antecedentes de atención en salud mental, aunque actualmente no se encuentra bajo ningún tipo de seguimiento. “No están en condiciones de seguir viviendo así. Ninguno de los dos”, sostuvo. Durante la entrevista, Florencia expresó con preocupación que los episodios de conflicto entre ambos se repiten y se intensifican en espacios públicos, generando temor entre quienes circulan a diario por la avenida Juan B. Justo. “La situación empeora y nadie interviene. Hay un riesgo real de que ocurra algo irreversible”, advirtió. La mujer aseguró que desde hace más de un año realiza gestiones ante organismos de Desarrollo Social, Salud Mental y el sistema judicial, sin obtener soluciones concretas. “Pedimos ayuda y las puertas se cierran. Nos dicen que no se puede hacer nada si ellos no aceptan”, explicó, describiendo un laberinto burocrático que, según afirmó, deja a la familia y a la comunidad sin respuestas. El testimonio se suma a los reclamos que comerciantes de la zona vienen realizando desde hace tiempo por los incidentes frecuentes, las discusiones a cielo abierto y los momentos de exaltación que alteran la convivencia y afectan la actividad cotidiana en el corredor comercial. “Lo único que pedimos es una solución real. Que los saquen de la calle, que reciban el tratamiento que necesitan y que se evite una tragedia”, resumió Florencia, visiblemente angustiada. El caso vuelve a poner en evidencia las dificultades del sistema para abordar de manera integral situaciones de calle atravesadas por consumos problemáticos, enfermedades crónicas y conflictos permanentes, y reabre el debate sobre los límites legales, la responsabilidad del Estado y la urgencia de respuestas antes de que sea demasiado tarde. TAPA DEL DÍA Opinión pública: cuando una situación de riesgo se sostiene durante meses a la vista de todos, la discusión ya no es solo legal, sino ética. La ausencia de intervención no es neutral: también es una forma de decisión. En escenarios extremos, el Estado no puede limitarse a observar cómo la vulnerabilidad avanza hasta volverse irreversible.
