TAPA DEL DÍA El Gobierno nacional resolvió mantener una postura de cautela frente al anuncio de una ley de amnistía general en Venezuela y condicionó cualquier instancia de diálogo institucional a que la iniciativa se concrete y atraviese el proceso legislativo correspondiente. Recién entonces, aseguran en la Casa Rosada, se abrirán canales formales con Caracas para avanzar en la situación de los argentinos detenidos, con especial foco en el gendarme Nahuel Gallo. “Hasta que no haya hechos concretos, vamos a actuar con prudencia”, repiten en despachos oficiales. El hermetismo domina el seguimiento que hace el Ejecutivo sobre el escenario político venezolano, donde observan con atención las tensiones internas dentro de la gestión encabezada por Delcy Rodríguez. Esa lectura explica la decisión de no impulsar gestos diplomáticos desde la Cancillería mientras no existan avances verificables. La presidenta interina anunció el envío al Parlamento de un proyecto de amnistía con carácter de urgencia y el cierre del penal de El Helicoide. La propuesta, que aún no cuenta con un texto definitivo, excluiría delitos graves y deberá ser tratada por una Asamblea Nacional con mayoría oficialista. En Balcarce 50 siguen cada paso del trámite y evalúan su viabilidad política. Dentro del oficialismo argentino persisten dudas sobre la real intención y capacidad de la administración venezolana para avanzar con liberaciones. Señalan, además, que los antecedentes recientes se produjeron bajo presión directa de los Estados Unidos. En ese marco, el cumplimiento de compromisos con Washington es tomado como un indicador clave para medir la seriedad del proceso. El Gobierno argentino sostiene que, por el momento, no reconoce a la actual administración como un gobierno regular y remarca que no habrá normalización del vínculo bilateral mientras existan ciudadanos argentinos privados de la libertad en territorio venezolano. Esa línea fue definida por el Presidente, que mantiene cerrada la embajada y evita acciones institucionales sin resultados concretos. La estrategia oficial se apoya en información aportada por países aliados con presencia diplomática y capacidad de análisis en Caracas, entre ellos Estados Unidos, Israel e Italia. En ese contexto, el Departamento de Estado norteamericano ya dio pasos para recuperar presencia diplomática en Venezuela. Actualmente, la representación de los intereses argentinos está a cargo de Italia, luego de que Brasil dejara de cumplir ese rol a comienzos de enero por tensiones políticas. En la Casa Rosada admiten que no esperan una resolución inmediata y que el proceso podría extenderse más de lo previsto. “Todo depende de cuánto acelere Estados Unidos”, sintetizan. Mientras tanto, el panorama político venezolano continúa abierto y sin una salida de fondo a la vista. La Cancillería argentina mantiene la recomendación de no viajar a ese país y sostiene el reclamo por los detenidos en ámbitos internacionales. Según la evaluación oficial, el calendario electoral tampoco ofrece certezas en el corto plazo. Desde una mirada pública y razonada, la decisión de esperar hechos concretos antes de avanzar en negociaciones parece buscar un equilibrio delicado: sostener el reclamo humanitario sin legitimar procesos políticos aún inciertos. En un escenario de alta sensibilidad, la prudencia se convierte en una herramienta de presión silenciosa. TAPA DEL DÍA
