TAPA DEL DÍA En un contexto de creciente presión sobre el bolsillo de los automovilistas, la diputada provincial Paula Bustos presentó un proyecto de ley que podría modificar de manera sustancial el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca alinear la normativa bonaerense con el Decreto 139/2025 del Gobierno nacional, introduciendo cambios que apuntan a simplificar trámites, ampliar la oferta del servicio y reducir costos. El eje central de la propuesta es la actualización de los plazos de control. De aprobarse, los vehículos particulares cero kilómetro tendrían hasta cinco años para realizar su primera verificación, en lugar de los tres actuales. Asimismo, aquellos con hasta diez años de antigüedad pasarían a ser revisados cada dos años, dejando atrás la exigencia anual. Solo los vehículos más antiguos mantendrían la frecuencia vigente. Según argumenta la legisladora, el esquema actual quedó desfasado frente a la evolución del parque automotor. Los avances tecnológicos incorporados en los vehículos modernos, como sistemas de frenado avanzado y estabilidad electrónica, reducen significativamente los riesgos mecánicos, lo que justificaría una menor frecuencia de controles sin comprometer la seguridad vial. Otro de los puntos sensibles es el costo. Hoy, un automóvil particular debe afrontar un gasto anual que supera los 97 mil pesos para cumplir con la VTV, una cifra que se suma a otros compromisos como patente, seguro y combustible. En ese marco, el proyecto propone un cambio estructural que podría generar alivio económico para millones de bonaerenses. Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es la apertura del sistema a nuevos prestadores. La revisión técnica ya no quedaría restringida a los centros exclusivos actuales, sino que podría realizarse en talleres mecánicos habilitados, concesionarias e importadores que cumplan con los requisitos técnicos y cuenten con supervisión profesional. Estos espacios pasarían a denominarse Talleres de Revisión Técnica (TRT). La medida apunta a terminar con la concentración del servicio, que en la práctica genera demoras, dificultades para conseguir turnos y escasa competencia en precios. En esa línea, el proyecto establece que no habrá tarifas mínimas ni máximas fijadas por el Estado, dejando que el mercado determine los valores a partir de la competencia. Además, se busca garantizar una mayor cobertura territorial, especialmente en el interior bonaerense, donde muchos conductores deben trasladarse varios kilómetros para acceder a un centro habilitado. La norma impediría limitar la cantidad de talleres autorizados, favoreciendo una distribución más equitativa del servicio. En paralelo, la iniciativa introduce un nuevo sistema de evaluación técnica con tres categorías: Apto, Condicional y Rechazado. Este esquema permitiría una mayor precisión en los diagnósticos, diferenciando entre fallas leves que requieren corrección y problemas graves que impiden la circulación. Los vehículos calificados como condicionales tendrían un plazo de hasta 60 días para subsanar las observaciones, mientras que los de uso comercial contarían con 30 días y no podrían operar durante ese período. Todo el proceso quedaría registrado en un sistema digital, y se emitiría un certificado tanto en formato físico como electrónico, facilitando los controles. El proyecto, identificado como expediente D-746/26-27, deberá ahora avanzar en su tratamiento legislativo. En caso de ser aprobado, el Poder Ejecutivo provincial dispondrá de un plazo de 120 días para reglamentarlo y ponerlo en marcha. Desde una mirada pública, la iniciativa abre un debate de fondo: cómo equilibrar la seguridad vial con la necesidad de reducir cargas económicas y burocráticas. La clave estará en si el nuevo esquema logra sostener los estándares técnicos sin trasladar riesgos a la circulación diaria, en un sistema que, durante años, fue cuestionado por su rigidez y falta de competencia. TAPA DEL DÍA
