Por Bruno Cardinale. El bullying en Argentina dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en un problema estructural dentro del sistema educativo. Diversos estudios, relevamientos oficiales y reportes de organismos internacionales coinciden en un diagnóstico preocupante: la violencia escolar atraviesa a la mayoría de los estudiantes y, en algunos casos, escala a niveles extremos. Según datos de UNICEF Argentina, aproximadamente 7 de cada 10 chicos reconocen haber vivido situaciones de acoso escolar, ya sea como víctimas, agresores o testigos. A su vez, informes del Ministerio de Educación de la Nación señalan que cerca del 30% de los estudiantes sufre agresiones directas, físicas o verbales, de manera reiterada. En la provincia de Buenos Aires, el escenario no es diferente. Relevamientos educativos y encuestas privadas indican que 1 de cada 5 alumnos fue víctima directa de bullying, mientras que más del 60% asegura haber presenciado situaciones de violencia dentro del aula. La discriminación también aparece como un factor dominante: más del 75% de los adolescentes percibe prácticas discriminatorias frecuentes en el ámbito escolar. El fenómeno no puede analizarse de manera aislada. Especialistas en educación y salud mental advierten que existe una fuerte relación entre el bullying y factores externos como la violencia familiar, la crisis económica y el impacto psicológico post pandemia. De hecho, estudios escolares indican que más del 50% de los alumnos de primaria menciona situaciones de violencia en su entorno familiar. En este contexto, el avance del ciberbullying complejiza aún más el escenario. Las redes sociales amplifican el acoso, lo hacen constante y muchas veces invisible para docentes y autoridades, generando un impacto psicológico más profundo en las víctimas. Sin embargo, el dato más alarmante es la escalada en la gravedad de algunos casos recientes. Ayer, un hecho conmocionó al país: un adolescente de 15 años asesinó a un compañero de 13 dentro de una escuela en la provincia de Santa Fe. Según las primeras investigaciones difundidas por medios nacionales e internacionales como El País, el agresor habría sido víctima de situaciones de hostigamiento escolar. Este caso marcó un punto de inflexión. No se trata solo de bullying, sino de su posible derivación en hechos de violencia extrema. A este episodio se suman otros antecedentes recientes: intentos de ataques planificados en escuelas, agresiones con armas blancas entre alumnos y situaciones de violencia física cada vez más frecuentes dentro de las instituciones educativas. Frente a este escenario, la respuesta del Estado argentino aparece fragmentada. Existen programas de convivencia escolar y protocolos de intervención, pero su aplicación es desigual. Equipos de orientación escolar trabajan en la contención, aunque con recursos limitados y sin una política nacional integral sostenida en el tiempo. El debate público, en paralelo, comenzó a girar hacia medidas punitivas, como la baja de la edad de imputabilidad en delitos graves. Sin embargo, especialistas advierten que el enfoque debería centrarse en la prevención, la detección temprana y la inversión en salud mental. La comparación internacional expone aún más las falencias locales. Países como Finlandia implementaron programas como KiVa, con intervención directa sobre el grupo escolar y resultados comprobados en la reducción del bullying. España avanzó con protocolos obligatorios y canales de denuncia anónimos, mientras que Chile estableció por ley la responsabilidad institucional de las escuelas en casos de violencia. En Argentina, en cambio, la falta de estadísticas oficiales unificadas y la discontinuidad de políticas públicas dificultan un abordaje efectivo. El resultado es un sistema que, en muchos casos, actúa cuando el conflicto ya estalló. El bullying ya no es solo un problema de convivencia escolar. Es un fenómeno social que refleja tensiones más profundas y que, en sus formas más extremas, puede derivar en tragedias. La evidencia es clara: sin prevención, sin políticas sostenidas y sin intervención temprana, el problema seguirá creciendo. Fuentes: UNICEF Argentina; Ministerio de Educación de la Nación; informes sobre convivencia escolar; relevamientos educativos provinciales; cobertura periodística de El País (2026) sobre el caso Santa Fe; estudios sobre violencia escolar en Argentina.
