Cristina Fernández de Kirchner comenzó esta semana a cumplir su condena de seis años de prisión por corrupción en la Causa Vialidad bajo el régimen de prisión domiciliaria, pero el horizonte judicial que le espera se extiende con nuevos juicios y embargos millonarios que comprometen gran parte de su patrimonio y el de su familia. De forma casi paralela a la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema, el Tribunal Oral Federal 5 rechazó levantar el embargo de bienes sobre la expresidenta y su hijo Máximo Kirchner en la causa Hotesur-Los Sauces. Allí se investiga una presunta maniobra de asociación ilícita y lavado de dinero, relacionada con los vínculos entre las propiedades de la familia y empresarios ligados a la obra pública, como Lázaro Báez. El embargo bloquea el acceso a aproximadamente 6 millones de dólares en efectivo, 50 propiedades distribuidas entre Puerto Madero, Río Gallegos y El Calafate, además de terrenos y vehículos. Los jueces Nicolás Toselli, José Michilini y Adriana Palliotti hicieron lugar a la postura de la Fiscalía y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que advirtieron que liberar los bienes atentaría contra un eventual decomiso en caso de condena firme. Además, la Justicia dispuso prolongar la veeduría de la AFIP sobre las sociedades Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., así como sobre bienes de Máximo y Florencia Kirchner. Estas sociedades, según la hipótesis fiscal, habrían servido para canalizar retornos ilegales mediante alquileres y facturaciones simuladas a empresas de la obra pública. El segundo frente que enfrenta la exmandataria es la causa por el Memorándum con Irán, donde está acusada de encubrimiento agravado del atentado a la AMIA. La denuncia fue impulsada por el fiscal Alberto Nisman poco antes de su muerte en enero de 2015. La Corte Suprema deberá definir la validez de la causa, pero el Tribunal Oral Federal 8 ya se prepara para un juicio con más de 300 testigos y fuertes repercusiones políticas e internacionales. Por último, el expediente conocido como los Cuadernos de las Coimas la ubica como presunta jefa de una asociación ilícita que habría organizado la recaudación de sobornos de empresarios que se beneficiaron con contratos estatales entre 2003 y 2015. La causa se sustenta en los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó entregas de dinero a funcionarios del Ministerio de Planificación. Parte de esos pagos, según la investigación, se destinaban directamente a la residencia de Recoleta donde vivía la entonces presidenta. El juicio oral por los Cuadernos tiene fecha de inicio para el 6 de noviembre y se proyecta como uno de los más extensos y mediáticos de la historia judicial argentina. TAPA DEL DÍA - www.tapadeldia.com.