TAPA DEL DÍA  Tras finalizar la redacción de los proyectos enviados al Congreso, el Gobierno de Javier Milei despliega un operativo político y judicial destinado a asegurar la sanción de sus principales reformas de segunda generación y del Presupuesto 2026. El período de sesiones extraordinarias, que se extenderá del 10 al 31 de diciembre, con posible prolongación hasta febrero, será el escenario donde se medirá la efectividad de esta estrategia. Bajo la coordinación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al asesor presidencial Santiago Caputo, se centraliza la línea política que los bloques aliados deberán sostener en el debate parlamentario. Según fuentes oficiales, la composición del equipo varía según el proyecto, asegurando que cada funcionario cumpla un rol específico en función de su especialidad. En el Senado, la senadora Patricia Bullrich encabezará la negociación de la reforma laboral, enfrentando la resistencia de la oposición que cuestiona que la Cámara alta sea la de origen del proyecto. Paralelamente, el titular de Diputados, Martín Menem, liderará la discusión del Presupuesto 2026, respaldado por el jefe de bloque Gabriel Bornoroni y el armador del interior Eduardo “Lule” Menem. A su vez, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, coordinará la articulación con el Ejecutivo bajo la órbita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El esquema incluye la participación ocasional de ministros como Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), además de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, para garantizar que los aspectos legales de cada proyecto estén blindados. La Casa Rosada también prevé el escenario judicial: la reforma laboral ya generó tensiones con la CGT, que convocó a un paro para el 18 de diciembre. Sin embargo, el Gobierno confía en su estrategia de defensa legal para afrontar cualquier impugnación sindical o judicial, asegurando que los proyectos cumplen con el marco normativo y los objetivos de modernización planteados por la administración libertaria. El Ejecutivo mantiene firme la instrucción presidencial: consolidar reformas históricas que, según el mensaje oficial, buscan "terminar con 100 años de decadencia y volver a poner a la Argentina en el sendero del progreso". La coordinación política y legal será clave para enfrentar las negociaciones, contener eventuales conflictos y garantizar que las iniciativas lleguen a buen puerto sin retrocesos. Opinión: La concentración de roles estratégicos y la preparación judicial anticipada muestran un Gobierno decidido a cumplir su agenda, aunque los desafíos sindicales y políticos anticipan un escenario complejo donde la negociación será tan determinante como la legalidad de los proyectos. TAPA DEL DÍA
