TAPA DEL DÍA Una sentencia dictada en los tribunales de Pergamino volvió a sacudir a la opinión pública y profundizó la desconfianza social en el sistema judicial. El Tribunal Oral en lo Criminal N°1, integrado por los jueces Marcela Santoro, Ignacio Uthurry y Guillermo Burrone, resolvió absolver a un comerciante de la ciudad que había llegado a juicio acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado, abuso sexual simple reiterado y amenazas, en perjuicio de la hija de quien entonces era su pareja. Según la denuncia, los hechos se habrían iniciado cuando la víctima tenía apenas seis años y se produjeron durante un período de convivencia familiar. La joven logró poner en palabras lo ocurrido al alcanzar la mayoría de edad, dando inicio a un extenso proceso judicial que se prolongó durante más de tres años y que culminó con un fallo que hoy genera conmoción, bronca y un profundo sentimiento de injusticia. Desde sus primeras etapas, la causa estuvo atravesada por demoras y situaciones irregulares. El fiscal inicialmente sorteado se excusó por conocer a las partes. Luego, el expediente quedó en manos de un funcionario que se encontraba de licencia por estar próximo a jubilarse. Más tarde intervino un fiscal suplente, hasta que finalmente la investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Delio. Uno de los puntos más cuestionados del proceso fue la primera pericia psicológica practicada a la víctima, señalada por su sesgo y falta de claridad. Esa evaluación motivó el pedido de una segunda pericia, realizada fuera de Pergamino, en la ciudad de Junín, a instancias de la apoderada legal de la joven y del fiscal Daniel Aguilar, quien llevaba adelante la causa de manera interina. El resultado de esa pericia oficial fue categórico y opuesto al informe inicial. A partir de esas conclusiones, se solicitó la elevación a juicio del imputado por abuso sexual reiterado. Sin embargo, con el debate ya fijado, la defensa logró que se autorizara una pericia de parte en la ciudad de Rosario, cuyos resultados volvieron a replicar criterios similares a los del primer informe cuestionado. Más de tres años después de la denuncia, el caso llegó finalmente al juicio oral. De acuerdo a quienes siguieron de cerca el proceso, el debate tuvo un desarrollo especialmente invasivo, con un enfoque que pareció poner en tela de juicio a la víctima antes que al acusado. La joven debió atravesar una nueva instancia de exposición pública y revictimización, en un marco de escasa contención institucional. Durante las audiencias, los abogados defensores desplegaron una estrategia centrada en desacreditar a la víctima de manera persistente y agresiva. Pese a las objeciones planteadas por la fiscalía, el tribunal no hizo lugar a los planteos y permitió que esa línea de ataque se sostuviera a lo largo del debate. Cabe recordar que el imputado había sido procesado en primera instancia no solo por abuso sexual reiterado, sino también por amenazas con arma de fuego contra testigos de la causa. En el marco de allanamientos ordenados por la fiscalía, se le había secuestrado un importante arsenal, elementos que formaron parte del expediente elevado a juicio. También se destacó que, durante el debate, los peritos de parte presentados por la defensa fueron desacreditados por parcialidad y por no haber aplicado las normativas vigentes en las entrevistas realizadas, un punto que quedó expuesto en las audiencias. Declararon testigos de ambas partes y, según lo expresado en los alegatos, la acusación sostuvo que los hechos denunciados habían quedado debidamente acreditados. El fiscal solicitó una pena de 12 años de prisión y la detención inmediata del imputado, basando su pedido en las pruebas producidas a lo largo de todo el proceso. El alegato defensivo, en tanto, volvió a centrarse casi exclusivamente en cuestionar a la víctima, una práctica que no está permitida en este tipo de juicios y que, según remarcan quienes siguieron el caso, no encontró límites claros por parte del tribunal. Finalmente, el fallo fue absolutorio. La sentencia no fue leída en audiencia pública y fue notificada por ventanilla a los representantes legales, mientras en el edificio judicial se encontraban presentes la joven que denunció los abusos sufridos desde su infancia y también personas que habían declarado haber sido amenazadas por el imputado. La resolución fue interpretada por muchos como parcial y en contradicción con los testimonios escuchados durante el debate. Según señalan, el fallo descontextualiza los dichos de los testigos y vuelve a instalar la sensación de que, en causas de violencia sexual, el sistema termina resguardando más al acusado que a quienes se animan a denunciar. El resultado deja una huella difícil de borrar: una joven que atravesó años de proceso judicial, reviviendo una y otra vez los hechos más dolorosos de su vida, y un imputado que continúa en libertad, en un escenario que para gran parte de la sociedad representa impunidad. El caso vuelve a abrir un debate urgente y necesario: qué sucede cuando denunciar implica recorrer un camino de exposición constante y revictimización, y qué mensaje se transmite cuando, aun después de años de lucha judicial, el reclamo de justicia queda sin respuesta TAPA DEL DÍA - www.tapadeldia.com
