TAPA DEL DÍA Después de más de ocho años de idas y vueltas judiciales, una causa por presuntos abusos sexuales denunciados en la infancia llegará finalmente a la instancia decisiva del juicio oral en Pergamino. Desde este lunes, el padre y los abuelos paternos de una menor deberán responder ante la Justicia en un proceso que tuvo reaperturas, nuevas pericias y un extenso recorrido procesal. El debate se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Pergamino, con la intervención unipersonal del juez Guillermo Burrone. La acusación estará a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3, junto a la abogada querellante Laura Abal, representante legal de la madre de la niña. La defensa de los imputados será ejercida por el abogado penalista Darío De Ciervo. Una causa archivada que volvió a investigarse El expediente tiene un origen complejo. En 2018, la investigación inicial había sido archivada por decisión de la entonces fiscal Alejandra Ghiotti, medida adoptada por orden judicial. Sin embargo, la parte denunciante solicitó la revisión ante la Fiscalía General, que resolvió reabrir el caso y asignarlo a otra fiscalía para continuar con nuevas medidas probatorias. A partir de esa decisión se incorporaron pericias adicionales, testimonios y evaluaciones profesionales que ampliaron el alcance de la investigación. Ese nuevo impulso procesal permitió reunir elementos que derivaron en la elevación de la causa a juicio oral. El origen de la denuncia Según la acusación fiscal, los hechos investigados habrían ocurrido cuando la niña era de corta edad y convivía con su padre en un departamento de la ciudad. De acuerdo con la hipótesis acusatoria, los episodios se habrían reiterado en distintas oportunidades dentro del ámbito familiar. Las primeras manifestaciones surgieron durante un tratamiento psicológico infantil. La profesional interviniente decidió dar aviso a las autoridades tras los relatos que la menor expresaba en el espacio terapéutico, lo que dio inicio a una nueva investigación judicial. Posteriormente, la niña fue entrevistada mediante el sistema de Cámara Gesell, mecanismo utilizado para evitar la revictimización y preservar la validez del testimonio de personas menores de edad. Pericias y pruebas incorporadas En el expediente constan informes elaborados por el Cuerpo Técnico Auxiliar que evaluaron la credibilidad del relato y las consecuencias emocionales vinculadas a los hechos denunciados. Los especialistas señalaron la ausencia de indicadores de fabulación y describieron manifestaciones compatibles con situaciones de vulnerabilidad emocional, entre ellas angustia, temor y dificultades escolares. Asimismo, se realizaron evaluaciones psicológicas y psiquiátricas a los imputados y declararon numerosos testigos, incluyendo profesionales que asistieron a la menor en distintas etapas. La acusación sostiene que el padre deberá responder como autor del delito de abuso sexual simple reiterado agravado por el vínculo y la convivencia, mientras que los abuelos paternos están imputados como partícipes primarios bajo la misma calificación legal, conforme a los artículos 119, 45 y 55 del Código Penal. Un debate judicial con posiciones enfrentadas El juicio se anticipa como un proceso de fuerte confrontación argumental. La fiscalía y la querella buscarán sostener la acusación apoyándose en el testimonio obtenido en Cámara Gesell y en las conclusiones de los peritos intervinientes, bajo una perspectiva centrada en la protección de la infancia. Por su parte, la defensa intentará cuestionar la hipótesis acusatoria y planteará que la menor pudo haber estado influenciada por conflictos familiares, apoyándose en informes incorporados durante la instrucción. El caso presenta además un antecedente particular: años atrás, los mismos imputados habían sido absueltos en otra causa impulsada por la madre por hechos distintos. La nueva investigación, sin embargo, incorporó elementos probatorios que no habían sido analizados en aquel proceso. La etapa decisiva Las audiencias se desarrollarán durante varios días hábiles y contarán con la declaración de peritos, profesionales de la salud y testigos del entorno familiar. Debido a que interviene una persona menor de edad, el debate se realizará con estrictas medidas de resguardo de identidad e intimidad. Con la apertura del juicio oral, el expediente ingresa en su fase final. Tras escuchar a las partes y analizar la totalidad de la prueba producida, el juez deberá determinar si existe el grado de certeza necesario para dictar una sentencia condenatoria o absolutoria. Una causa que expone tensiones del sistema judicial El proceso vuelve a poner en discusión uno de los desafíos más complejos del ámbito judicial: cómo evaluar denuncias surgidas en contextos terapéuticos infantiles, equilibrando la protección de las víctimas con las garantías del debido proceso. La resolución que surja del juicio no solo definirá la situación penal de los acusados, sino que también marcará un cierre institucional para un expediente atravesado por años de controversias, revisiones y decisiones judiciales contrapuestas. Opinión pública: Casos de estas características suelen generar un fuerte impacto social porque obligan a la Justicia a actuar en un terreno especialmente sensible, donde conviven la necesidad de proteger a la infancia y la exigencia de pruebas sólidas. El desafío del tribunal será ofrecer una resolución clara y fundamentada que aporte certeza jurídica tras años de incertidumbre. TAPA DEL DÍA
