La Justicia resolvió archivar la causa que investigaba una presunta fumigación aérea con agroquímicos en inmediaciones de la Escuela Primaria Nº 56 de la zona rural de Francisco Ayerza. La fiscalía determinó que las pruebas reunidas no permitían acreditar la existencia de un delito ni establecer una relación directa entre la aplicación y los hechos denunciados. La fiscalía determinó que no había elementos para sostener una acusación penal El fiscal Daniel Aguilar solicitó el archivo de las actuaciones judiciales iniciadas por una supuesta aplicación de productos agroquímicos en un campo cercano al establecimiento educativo rural. La medida fue avalada por la Justicia luego de analizar el material incorporado durante la investigación. El expediente, identificado como I.P.P. Nº 12-00-005853-25, se había iniciado bajo la hipótesis de una posible infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, ante la sospecha de que una aeroaplicación podía haber vulnerado las distancias de exclusión establecidas para proteger a la comunidad escolar. Sin embargo, desde la fiscalía señalaron que el cuadro probatorio presentaba una "debilidad intrínseca insuperable para fundar una acusación penal", por lo que no existían fundamentos suficientes para avanzar hacia una instancia de juicio. Las pericias no pudieron determinar cuándo se produjo la aplicación de agroquímicos Durante la investigación se realizaron distintas medidas de prueba, entre ellas el secuestro de muestras de suelo y la toma de remanentes hallados en los alimentadores de la aeronave involucrada. Los estudios químicos determinaron una coincidencia entre los compuestos encontrados en la escuela y los restos analizados en la aeronave. No obstante, los especialistas indicaron que no era posible establecer cuándo había ocurrido la aplicación, lo que impidió determinar si los residuos correspondían al hecho denunciado o a aplicaciones anteriores. Esa limitación técnica fue considerada clave para la resolución judicial, ya que no pudo acreditarse el vínculo causal necesario entre la aeronave y la presunta afectación denunciada. Además, la investigación no encontró registros médicos ni informes periciales que confirmaran daños en la salud de alumnos, docentes o trabajadores del establecimiento. Tampoco se pudieron identificar personas afectadas de manera concreta. La distancia entre el campo y la escuela descartó una infracción a la normativa vigente Otro de los puntos considerados por la Justicia fue la distancia existente entre el lote donde se habría realizado la aplicación y el edificio escolar. Las pruebas incorporadas al expediente indicaron que la aeronave habría operado a más de 2.600 metros del establecimiento educativo. Según la defensa del encargado de las aplicaciones aéreas, ejercida por el abogado Aquilino Giacomelli, esa distancia se encontraba ampliamente por encima de los límites establecidos por la normativa provincial para este tipo de prácticas. El letrado también sostuvo que su representado colaboró desde el inicio con la investigación y puso a disposición de la Justicia toda la información requerida. Finalmente, ante la imposibilidad de acreditar la comisión de un delito y superar el estado de duda, se dispuso el archivo definitivo de la Investigación Penal Preparatoria. La resolución quedará firme y el expediente será remitido al Archivo Departamental. TAPA DEL DÍA